El jefe del Ejército de Myanmar, el general Min Aung Hlaing, quien este lunes se hizo con el control total de su país con un golpe de estado, tiene una causa abierta en la Argentina, bajo el principio de jurisdicción universal, por crímenes de genocidio contra la minoría musulmana rohingya.

"Lo que está pasando en Myanmar ahora es un elemento que debería convencer aun más a la jueza de que es muy importante ejercer el principio universal por estos hechos atroces", explicó Tomás Ojea Quintana, exrelator de la ONU para Myanmar y uno de los que impulsa la demanda que ingresó al juzgado de María Romilda Servini en noviembre de 2019.

En ese momento, grupos de derechos humanos rohingyas, latinoamericanos y argentinos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una demanda invocando el principio de jurisdicción universal, que sostiene que algunas acciones, como crímenes de guerra y contra la humanidad, son tan espantosos que no son competencia de una sola nación y pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo.
La violencia y el desamparo de esta minoría musulmana fue tal en 2017, que en solo unos meses, más de 740.000 rohingyas escaparon solo con lo puesto, cruzaron un río y hasta corrieron entre ráfagas de ametralladoras para alcanzar la frontera y refugiarse en el vecino Bangladesh, uno de los países más pobres de la región, donde aún viven apiñados en campos administrados por la comunidad internacional.

La demanda, que cayó en manos de Servini y el fiscal Guillermo Marijuan, acusó a la cúpula militar y los comandantes que actuaron en el estado de Rakhine de "ser los responsables directos del genocidio" contra la comunidad rohingya, y señaló a los líderes políticos del gobierno, hoy detenidos y víctimas del golpe de estado, por su "connivencia" en estos crímenes de lesa humanidad.