El ministro del Interior, Guillermo Francos, señaló que se realizarán cambios en los artículos que se refieren a la actividad pesquera que forman parte del proyecto de Ley ómnibus que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
Tras las críticas que el Gobierno había recibido por parte de los gobernadores de las cinco provincias patagónicas y de las cámaras y sindicatos del sector, el funcionario recibió ayer en su oficina de Casa Rosada al mandatario de Chubut, Ignacio Torres, y al intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro.
"Tenemos claro que la pesca es un recurso de los argentinos" y garantizó que "para el Gobierno las 200 millas son de pesca nacional, pesca de buques con bandera nacional", sostuvo Francos en una rueda de prensa al finalizar la reunión.
El funcionario adelantó que, a partir de lo dialogado, realizarán algunas "clarificaciones" en el proyecto de Ley para superar de esta forma las controversias que se generaron en torno al tema.
"Como ha habido algunas preocupaciones vamos a clarificarlas, porque nuestro espíritu es el mismo que tienen los gobiernos provinciales, no había una diferencia allí, lo que pretendíamos es que todo este proceso se haga de una manera transparente y eficiente y proteger la pesca en las 200 millas", aseguró Francos.
Respecto a las cuestiones que tienen que ver con la trazabilidad de los recursos, el ministro dijo que "en eso vamos a trabajar también con los gobiernos provinciales, y hay un Consejo Federal que también se ocupará del tema. Estamos de acuerdo en que hay que sentarse en una mesa para analizar bien todos los aspectos".
"Tenemos que buscar la forma de que las empresas puedan ejercer su actividad, pero que también paguen lo que deberían estar pagando, ya que hoy la contribución es muy pequeña", agregó Francos.
Y concluyó: "vamos a conversar con las Cámaras (empresarias) sobre estos aspectos, como acaba de hacer Chubut, que licitó zonas pesqueras que le han generado una cantidad de recursos muy importantes a la provincia".
Los tres ejes principales de preocupación para las autoridades patagónicas eran: la modificatoria en la obligatoriedad de descarga en los puertos argentinos; la competencia desigual en los cupos de captura; y, finalmente, la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina.
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