El Gobierno nacional publicó una resolución mediante la cual se habilita de forma condicional la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos por parte de civiles y entidades de tiro, bajo un nuevo régimen de permisos controlados por el Registro Nacional de Armas (Renar), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

En comunicación con Creer o reventar, el director ejecutivo del Renar, Juan Pablo Allan, explicó que la norma reemplaza la prohibición previa sobre la adquisición de cierto tipo de armamento semiautomático, y que el nuevo mecanismo busca garantizar trazabilidad, justificación deportiva y mayor control técnico.

El funcionario precisó además que la autorización estará sujeta a requisitos estrictos que deben cumplirse para que la tenencia sea aprobada.

"A partir de ahora vamos a tener un sistema de autorización controlada, un Estado más informado y que es un insumo absolutamente vital para le seguridad nacional", afirmó Allan.

La resolución 37/2025 —publicada en el Boletín Oficial— establece que podrán adquirir armas semiautomáticas alimentadas por cargadores extraíbles, como fusiles o subametralladoras derivadas de modelos militares y de calibre superior al .22 LR.

Entre los requisitos para acceder se encuentran contar con al menos cinco años como usuario legítimo de armas de uso civil, demostrar uso deportivo en entidades habilitadas, disponer de un sector de guarda registrado tipo G2, identificación completa del arma y ausencia de antecedentes sancionatorios.

Desde el RENAR se enfatiza que esta medida no implica apertura indiscriminada de armas, sino un régimen especial con fuerte control técnico-administrativo, orientado al deporte y a la tenencia certificada en condiciones específicas. Allan advirtió que la implementación será gradual y que las autoridades priorizarán la fiscalización para evitar transferencias irregulares o usos distintos al deporte.

La decisión genera un intenso debate social y político porque modifica una de las normas más restrictivas en materia de armamento civil, vigente desde la década de los ’90. Sus defensores aseguran que convierte al país en un marco más moderno de tenencia deportiva; sus críticos advierten riesgos de circulación ilegal y vulnerabilidad para la seguridad pública.