
El Poder Ejecutivo giró a Diputados un ambicioso proyecto de ley que modifica más de una decena de normas y crea un nuevo sistema federal de garantías.
La iniciativa habilita la tokenización de activos, incorpora activos digitales como garantías, moderniza pagarés, cheques y warrants, flexibiliza el mercado de capitales, reforma fideicomisos y fondos comunes de inversión, y busca ampliar el acceso al financiamiento para empresas y productores.
Se trata de una reforma integral que abarca 240 artículos, modifica más de veinte leyes y decretos, crea nuevas herramientas financieras y reestructura buena parte de la arquitectura legal vinculada al crédito, las garantías y el mercado de capitales.
La propuesta, firmada por el presidente Javier Milei y los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Alejandra Monteoliva y el jefe de Gabinete Diego Santilli, tiene cuatro giros en la Cámara de Diputados: Legislación General, Pequeñas y Medianas Empresas, Finanzas y Presupuesto y Hacienda.
Según el mensaje de elevación, el objetivo es “eliminar restricciones injustificadas que obstaculizan el acceso y el ejercicio de actividades económicas y profesionales, promover la libre competencia y el funcionamiento eficiente de los mercados y profundizar el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la libertad económica”.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca reducir costos de transacción, ampliar la disponibilidad de crédito, facilitar la inversión productiva y adaptar el sistema jurídico argentino a la economía digital.
Uno de los primeros capítulos moderniza el régimen de títulos valores del Código Civil y Comercial.
El proyecto incorpora el principio de “neutralidad tecnológica”, estableciendo que los derechos podrán instrumentarse tanto en soportes materiales como inmateriales.
De esa manera, se otorga reconocimiento expreso a los activos digitales y a los registros distribuidos como soporte válido para títulos de crédito.
El texto también admite la transferencia digital de títulos al portador y habilita el uso de tecnologías de registro distribuido, incluyendo blockchain, para la llevanza de registros y certificaciones.
“El Estado deja de imponer un método técnico único y pasa a exigir estándares de seguridad, permitiendo que la innovación privada, como la tokenización de activos, goce de plena protección legal”, señala el mensaje oficial.
Entre los cambios más relevantes figura la reforma del régimen de letras de cambio y pagarés.
La iniciativa permite que estos instrumentos incorporen cláusulas de actualización basadas en índices objetivos o unidades de valor, eliminando la actual exigencia de una suma fija e inmutable.
Además, introduce la posibilidad de emitir pagarés cuyo cumplimiento no sea en dinero sino mediante la entrega de bienes fungibles, como granos, minerales u otros productos, siempre que se especifique cantidad, calidad y fecha de entrega.
El Ejecutivo cita expresamente la experiencia brasileña con la Cédula de Producto Rural (CPR), que permitió el desarrollo de un gigantesco mercado de financiamiento agrícola.
También se establece que estas cláusulas de actualización no afectarán la ejecutividad del documento, facilitando su cobro judicial.
El proyecto amplía las posibilidades de negociación bursátil de distintos instrumentos.
En el caso de los cheques y cheques de pago diferido, se actualizan las normas para que puedan operar a través de nuevos agentes autorizados por la Comisión Nacional de Valores.
A su vez, se habilita la negociación secundaria de certificados de plazo fijo de largo plazo, permitiendo a los inversores recuperar liquidez sin romper anticipadamente la colocación.
Otro cambio novedoso alcanza a las tarjetas de crédito. El proyecto obliga a los emisores a crear títulos valores electrónicos sobre las ventas realizadas con tarjeta, transformando esos créditos futuros de los comercios en activos negociables.





