Así lo aseguró el director de Servicios y Obras Públicas de la Municipalidad sanlorenceña, Adrián Segura, ante la polémica que se generó por la denuncia que hicieron concejales de la comuna.
En la acusación, se señalaba que la autorización para realizar trabajos de luz y agua fue otorgada por el funcionario para familias que pidieron desafectar el área como reserva. Segura aclaró que sólo dio una constancia describiendo la ordenanza que desafectó el área como reserva en 2013 y se les otorgaba para iniciar trámites que se les explicó a los vecinos, no iban a prosperar porque no eran propietarios de los terrenos.
Deslizó que las denuncias tienen que ver con maniobras políticas que se generaron desde algunos sectores.
El titular del Área de Protección Ambiental de Salta (APAS), Ignacio Goitya, por su parte, sostuvo que la provincia intervendrá dado que por la reserva ya se gestionaron fondos que surgen de la Ley de Bosques para la conservación y manejo del área municipal. A ello sumó que existe un pedido del Municipio para que la reserva sea parte del Sistema de Áreas Protegidas de la Provincia (SiPAP).
Por su parte, el concejal y hermano del intendente, Aldo Gonza, aseguró que lo único que solicitaron los vecinos sanlorenceños fue que se ejecute la ordenanza de 2013.
Ante ello dijo que su propuesta es derogar la ordenanza de 2013.
En tanto todas las partes alrededor del conflicto reconocieron que el problema habitacional es un tema que debe encontrar alternativas de solución.
