Legisladores y legisladoras del Frente Progresista de Santa Fe presentaron ante la Justicia una demanda a raíz del llamado a licitación por parte del Ministerio de Seguridad para la compra de armas, y que finalmente fue suspendido. "Presentamos una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de un delito en el marco de la licitación pública número 11 del 2021, en el cual se pretendió adquirir armamentos para la policía de Santa Fe a través de un formato insólito", señaló el diputado Juan Cruz Cándido en el móvil de Nacional Rosario.
Según el legislador, la licitación pedía una gran variedad de "items" y rechazaba la oferta de todas las empresas que no pudieran proveer todas las armas solicitadas. "Lleva a la presunción que se quería favorecer a alguna empresa, porque no existe en el mercado muchas empresas que puedan proveer de todo lo solicitado en forma conjunta".
"Queremos saber que si se cometió fraude contra la administración pública, si hubo abuso de poder o incumplimiento de deberes de funcionario público", agregó Cándido. Además, mencionó que la licitación fue suspendida por un fallo judicial y por el propio Ejecutivo "ante las irregularidades que se presentaron". "Cada uno de los que participó se deberá hacer responsable", advirtió el legislador radical.
