Este 22 de abril entró en vigencia el acuerdo de Escazú, que tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Fue adoptado en Escazú, Costa Rica, en marzo de 2018, y se trata del primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Argentina es uno de los 12 países que procedieron a la ratificación.
En tiempos donde el gobierno de Chubut impulsa el proyecto de zonificación minera en la meseta, generando una gran preocupación por el impacto ambiental que podría provocar la actividad, la abogada Rosa Chiquichano, que en su momento trabajó en el amparo ambiental que frenó el emprendimiento minero en el Cordón Esquel, explicó qué implica. "Tenemos derechos consagrados pero a veces no los conocemos o no los ejercemos, el derecho al ambiente sano que está consagrado en la constitución nacional y provincial, está la ley general del ambiente que promueve el desarrollo sustentable", detalló. Resaltó que el acuerdo de Escazú "rige para toda América Latina y el Caribe y es todo un hito". "El derecho ambiental se va a ejercer como un antes y después del acuerdo de Escazú", afirmó Chiquichano.
"Promueve el derecho a la participación, el derecho a la información, el derecho de acceso a la justicia pero además establece algo fundamental, que es la posibilidad de litigar sin gasto", detalló la abogada. En este sentido, valoró que Escazú "abre el camino para toda aquella persona que vea un daño o se vea perjudicada por eventos que dañan o pueden dañar el ambiente" ya que no tendrá costo alguno "para que se escuche y se tenga en cuenta el derecho que tenemos todos los humanos".
Móvil: Andrés Campos