La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados comenzó a debatir los proyectos de ley para aumentar las penas por manifestaciones y actitudes negacionistas de genocidio y de crímenes de lesa humanidad y la creación del Observatorio para la Convivencia Democrática.
En ese sentido, el diputado nacional expresó que "es muy importante que lleguemos a legislar sobre el negacionismo", al tiempo que recordó que "tenemos a un candidato a presidente que se vanagloria reivindicando a la dictadura militar".
Asimismo, Eduardo Valdés informó que buscan incorporar al debate, los documentos desclasificados por los Estados Unidos sobre lo ocurrido durante el terrorismo de Estado en nuestro país.
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Además de los proyectos sobre negacionismo también se analiza la incorporación de la figura del antisemitismo en la ley antidiscriminación.
Al abrir el plenario, el presidente de la comisión, Hugo Yasky, dijo que harán varias reuniones sobre negacionismo, sostuvo que "nos proponemos tratar de escuchar el arco posible más amplio y plural representativo de la sociedad" y destacó que Argentina "pudo construir una convivencia democrática basado en la política de memoria, verdad y justicia".
El debate sobre el negacionismo se reflotó a partir de los cuestionamientos de La Libertad Avanza (LLA) al número de desparecidos en la última dictadura cívico militar y las críticas a la política de derechos humanos de los últimos 40 años.
Yasky anunció que el martes concurrirán a exponer a la comisión integrantes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones de derechos humanos.
En la reunión de hoy, expuso en primer término sobre la incorporación de la figura del antisemitismo a la ley Antidiscriminación la diputada Mariana Stilman (Coalición Cívica), quien sostuvo "la necesidad de incorporar esta causal que se da frente a insistentes conductas discriminatorias y antisemitas. En el contexto internacional hay una ola de odio y en la Argentina se tuvieron que recrudecer las medidas de seguridad".
Recordó que como consecuencia de la guerra entre Israel y la organización Hamas "recrudeció el antisemitismo en el mundo y en la Argentina y hoy tenemos una ola de odio", y señaló que en el país "en los colegios judíos tuvieron que modificar las medidas de seguridad".
El primer invitado en exponer fue el sociólogo Eduardo Feirstein, quien señaló que "el primer problema que veo es que recurrir a una penalización" es "asignarle al derecho penal a una función para lo que no fue creado, porque hablamos de negacionismo y no de apología de la violencia política, que ya está penalizada".
Dijo que "en estos cuarenta años de democracia fue posible enfrentar estas lógicas que no han aparecido y eso se hizo con la política".
"Ante el resurgimiento de estos desafíos a la memoria colectiva, a las formas de transmisión de nuestra experiencia histórica es vital el papel de los organismos de derechos humanos, pero también debe analizarse qué fue lo que lo permitió".
Dijo que ayer fue muy importante que "un grupo de intelectuales hayan sacado una declaración donde han planteado la gravedad que una fuerza política niegue la gravedad de los hechos vividos en la dictadura", y ese documento fue "poner un límite político".
La abogada Valeria Thus manifestó que "en la actualidad se produjo un ingreso en el orden de lo decible de tópicos y expresiones de violencia" y señaló que "hay una discursividad social sobre la cual deben diseñarse políticas públicas abordando la discusión por la criminalización".
Entre los proyectos referidos a la penalidad del negacionismo se buscará aunar criterios sobre iniciativas de Marina Stilman (Coalición Cívica) y de los oficialistas Estela Hernández, Eduardo Fernández, Gisela Marziotta y Carolina Moisés, a partir de un borrador de consenso elaborado por el propio Yasky.
Uno de los proyectos, cuya autoría pertenece al cordobés Fernández, establece la modificación del artículo 213 para estipular que "será reprimido con prisión de tres meses a dos años quien públicamente niegue, apologice o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad previstos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y demás tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional a los que nuestro país adhiere".
En cuanto a los agravantes, prevé que: "Será sancionado con la destitución definitiva de su cargo e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el término de diez años, el funcionario público de cualquier Poder del Estado, jerarquía y jurisdicción, que durante el ejercicio de su función hubiere realizado manifestaciones públicas por las que niegue, apologice y/o reivindique la comisión de delitos respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad".
