Se trata del proyecto de prevención y persecución de lavado de activos, que tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales. Tras su aprobación, la Cámara baja lo giró en revisión al Senado.
El informe es de Gastón Fiorda, desde el Congreso Nacional.
La iniciativa fue aprobada por 112 votos contra 96, y 5 abstenciones ya que respaldaron el dictamen de mayoría el Frente de Todos y Provincias Unidas, mientras que lo hicieron en contra Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y la Izquierda.
Los legisladores que se abstuvieron fueron Carlos Zapata y Paula Omodeo de JXC, y los tres diputados del FDT (Frente Patria Grande) Federico Fagioli, Natalia Zaracho, e Itai Hagman.
La sanción de esta iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
La iniciativa convierte a la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
En ese sentido, se crea el Registro de Proveedores de Servicios Virtuales que estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores que debe detectar eventuales operaciones de sospechosas por medio de activos virtuales como las criptomonedas.
De acuerdo al dictamen de mayoría, la Unidad de Información Financiera podrá solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.
Los sujetos obligados de un reporte de operación sospechosa, de una declaración voluntaria o del intercambio de información con organismos análogos extranjeros, no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.
En cuanto a la pena para el lavado contemplada en el Código Penal se aumentó la pena de $ 300.000 a $ 8,6 millones y en el futuro se establecerá como unidad de medida de actualización el Salario Mínimo Vital y Móvil.
Uno de los temas de mayor debate fue la incorporación de los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, y en ese sentido, se estableció que no lo deberán hacer cuando hagan tareas de asesoramiento, litigios judiciales, administrativos, de arbitraje o mediación.
En el cierre del debate, el presidente del bloque de diputados del FDT, Germán Martínez, aclaró: "Nunca me llamó el ministro de Economía para decir que acelere el tratamiento de esta ley y nunca me insinuaron que el FMI quiere esta ley, pero si hay evaluación del GAFI que tiene fecha y se va a realizar".
"Llegamos a un principio de acuerdo que después la dinámica política en Argentina hace que los acuerdos duren poco. Escuchamos todos los aportes, introdujimos más de 25 modificaciones a pedido de diversos bloques. No se pudo, pero no fue por falta de generosidad por los diputados del Frente de Todos que negociaron, ni por la mala fe de los opositores que se decidieron a transitar el camino de la búsqueda de consensos", agregó.
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