La Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, lo que convierte a Mendoza en la primera provincia del país en contar con un plan de esta naturaleza. Se trata, según se explicó en el recinto, de la reglamentación de la Ley 8051 (de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo).
En el texto de este plan, se pone en relieve “al Ordenamiento Territorial como política de Estado” constituyendo “el marco en el cual se orientará la política pública y otros planes de ordenamiento territorial que se desarrollarán a partir de sus disposiciones en el corto, mediano y largo plazo”.
Está basado en el respeto por “las vocaciones del territorio provincial, las identidades culturales y los saberes locales. Para ello se establece como prioridad equilibrar el territorio provincial a través del fortalecimiento de las ciudades y localidades menores, como también, acciones concretas para dinamizar las áreas más deprimidas”, destaca el texto.
Además, se hace foco en la necesidad de la planificación integrada del hábitat, la mitigación de riesgos ante amenazas naturales y antrópicas, la conectividad y accesibilidad para la integración de la provincia propiciando la movilidad sustentable, el desarrollo económico y energético según la vocación del territorio y la gestión integrada de los recursos hídricos.
Se plantea por otra parte innovar en la gestión del territorio a partir de la transparencia administrativa y establece una serie de instrumentos que facilitan la gestión, control y evaluación del desarrollo del mismo.
La finalidad de este plan, es establecer objetivos para el desarrollo sustentable del territorio, buscando armonizar la realización de las diferentes actividades humanas con el cuidado del ambiente y establecer objetivos para el acceso a un hábitat adecuado por parte de toda la población.
El texto venido en revisión del Senado, aborda la estructura y dinámica territorial “de forma integral, ya que contempla tanto lo urbano, como lo rural, lo natural, las interfaces y otras áreas destinadas a: servicios especializados, actividades extractivas, exploratorias, industriales, turísticas, patrimoniales, culturales, etc.; tratando de armonizar el interés público y privado, como también las competencias entre nación-provincia y municipio”.
El Plan Provincial de Ordenamiento Territorial tendrá una vigencia de 30 años, con tres instancias bien marcadas para poner en marcha sus acciones: el corto plazo a un horizonte de 6 años, el mediano plazo a 18 años y el largo plazo a 30 años.
La aplicación de las acciones contenidas en el Plan y su impacto en el territorio se evaluarán a través de un procedimiento que incluye: actualizaciones del Diagnóstico, Auditorías Internas (AI), Auditorías Externas de Impacto Territorial (AEIT) y Evaluaciones de Impacto Territorial (EIT). En estos instrumentos se contemplan las instancias de participación pública, tales como talleres participativos, consulta pública y audiencia pública.
Plantea además un modelo territorial “deseable”, que apunta a una “adecuada gestión del territorio” y “consolidación de un Estado fuerte, con mayores elementos de federalismo interno, eficacia de gestión, transparencia y capacidad de regulación”, como así también a una política de “complementación armónica de oasis y áreas no irrigadas, de montaña y planicie, potenciando las riquezas de cada zona”.
De igual forma, a políticas orientadas a que “los pueblos originarios y los pobladores locales accedan a la propiedad de la tierra y a recibir asistencia técnica y financiera para lograr un armónico desarrollo de sus actividades” y otras referidas al desarrollo sustentable, la reconversión de la matriz energética; conectividad, accesibilidad y movilidad, incluyendo aquí el desarrollo de corredores multimodales y la logística asociada; el desarrollo competitivo de todas las actividades productivas y de servicios, y una política de gestión integral del recurso hídrico, entre otros aspectos.
El diputado Gustavo Villegas (UCR), expresó al respecto que “Mendoza será la primera provincia que contará que con un plan de ordenamiento territorial. Es una herramienta que nos permitirá a los mendocinos desarrollarnos con planificación y que servirá para que los municipios hagan planes sectoriales, respetando las características que le son propias”.
“Este plan es un instrumento en donde todas las acciones de gobierno deben estar coordinadas para el crecimiento territorial, crecimiento sostenido y sustentable. Este plan es una reglamentación de la Ley 8051, y ha tenido una participación muy amplia y colectiva”, subrayó.
Villegas, argumentó que el plan “pretende terminar con las grandes desigualdades, grandes urbes donde encontramos un avance de los loteos sobre los oasis, oasis que han sido y son los que nos han permitido crecer con esfuerzo. Debemos comenzar a pensar en una Mendoza con buen uso de los recursos naturales y con menor gasto del dinero de los mendocinos”.
En esa línea, enfatizó que “hay que desarrollar vías alternativas que puedan amalgamar criterios que no sean sólo referidos al Gran Mendoza, sino apuntando a la integración de la provincia, desarrollo económico, energético y la utilización integrada de los recursos”.
De igual forma, Marcos Níven (PD), señaló que “esta ley no se debe analizar con ejemplos particulares. Esta ley contempla parámetros generales que son aplicables y se pueden hacer operativos. Es un trabajo serio con gran participación interdisciplinaria, que contemple las autonomías de los municipios” y que busca “una planificación y un desarrollo sustentable para nuestro territorio”.
Por su parte, el titular del bloque del PJ, Javier Cofano, señaló que “este plan ha tenido un largo tiempo de tratamiento y estudio. Es ambicioso, quizá no se pueda cumplir con todos los objetivos en lo que hace al desarrollo regional, pero avanzamos mucho en la legislación aunque poco en los recursos”.
“No hay que esperar más con la sanción de esta Ley e inmediatamente hay que poner los recursos que hacen falta para llevar de forma efectiva el cumplimiento de este plan”, acotó.
Cofano, adelantó que el bloque que preside “no tendrá postura uniforme”, lo que quedó reflejado a la hora de la votación donde un grupo de diputados del PJ votó en contra, una legisladora se abstuvo, y otro grupo acompañó la propuesta.
En tanto, desde el FIT, Héctor Fresina adelantó el voto negativo de esa bancada e hizo observaciones de tipo procedimental en relación a la audiencia pública, a la megaminería, a la “concentración de la propiedad de la tierra” y “una extranjerización” de la misma, entre otros puntos.
