La Representante Especial sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la Cancillería argentina explicó las razones de la presentación en instancias internacionales que impulsa tras el fallo del máximo tribunal de justicia que rechazó su pedido de rectificar su identidad de género en los registros de bautismo y confirmación en el Arzobispado de Salta. En esa línea, detalló el recorrido judicial de su acción de habeas data denegado “de manera brutal y dolorosa” en 2018 en su provincia natal.
Alba Rueda explicó que “a partir de la Ley de Identidad de Género he pedido que se rectifiquen los datos tal como dice la ley generando una reserva sobre los datos originales”.
Lamentó que la Corte Suprema de Justicia tampoco hiciera lugar a su planteo y, a su vez, emita “una sentencia que es regresiva para los derechos humanos y se apoya en una ley de la dictadura de Onganía”.
Advirtió que, con su fallo, “la Corte dice que la Iglesia Católica tiene el derecho y la discrecionalidad de asentarme como quiera, nombrarme como quiera, decir lo que quiera de mí y tengo que aceptar ese reglamento”.
Planteó la contradicción que deja en evidencia esta situación al señalar que “soy una funcionaria, represento a la Argentina y debo promover los derechos que ha consagrado nuestra democracia pero, a su vez, denunciar a mi país por incumplir por una de las leyes más fundamentales que tenemos”, en referencia a la Ley de Identidad de Género.
“Esto es un proceso costoso, doloroso y políticamente muy importante porque no podemos permitir que un grupo de jueces tome como última razón del derecho argentino las leyes de la dictadura”, remarcó.
Además, la funcionaria y militante por los derechos de la diversidad sexual advirtió sobre los grandes desafíos a nivel mundial para el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ frente a la existencia, por ejemplo, de "proyectos que promueven la criminalización de la orientación sexual y esto es gravísimo”.
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