Laura Velasco, legisladora porteña del Frente de Todos, explicó las razones del pedido de informes elevado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a raíz del recorte aplicado a las propuestas educativas destinadas a estudiantes jóvenes con discapacidad intelectual en centros de formación laboral, que son parte de la educación especial. En ese sentido, denunció que ”600 estudiantes quedan en situación de desamparo”.
Precisó que “las familias están desesperadas” porque la resolución que entró en vigencia, que es de 2011, reduce “de 30 años a 22 años el límite de edad para que puedan asistir pero “sin generar dispositivos alternativos” para contener a los que quedan excluídos.
Velasco definió esta decisión del Ministerio de Educación, a cargo de Soledad Acuña, de “un nuevo ajuste al sistema educativo” que ya tiene “12 puntos menos de presupuesto” además de la “subejecución en infraestructura escolar”.
La legisladora, quien preside la comisión legislativa de Promoción Social e integra la de Educación, lamentó esta situación que afecta a “una comunidad muy sensible” y advirtió que “restringir el derecho a la educación es muy grave”.
Esta medida se suma a un fuerte ajuste en el servicio de comedor y que en 2021 les habían quitado el transporte escolar, lo que obligó a muchos jóvenes y adultos a abandonar sus estudios por no contar con otros medios para concurrir a la escuela.
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