El juez federal Javier Pico Terrero fue denunciado penalmente por "intromisión en decisiones que son ajenas al derecho y propias de la ciencia médica" tras haber admitido como válida la medida cautelar que ordenó al Sanatorio Otamendi y Miroli a tratar con dióxido de cloro a un paciente en estado crítico con coronavirus y que "podrían haber tenido injerencia" en el fallecimiento de un hombre de 93, indicaron fuentes judiciales. En Verano 2021, el abogado Vadim Mischanchuk, de la Asociación de Médicos de Buenos Aires, explicó los fundamentos de la denuncia y afirmó que "hay muchas hipótesis delictivas en la conducta" tanto del juez como en la del médico que decidió utilizar esa sustancia no autorizada por la Anmat.
"El fallo del juez conmocionó y puso preocupación en la comunidad médica", expresó el abogado, al tiempo que sostuvo que "es un fallo criticable y que es necesario investigar su conducta".
Según la denuncia, la mala praxis jurídica pudo haber tenido injerencia en el fallecimiento de Oscar Jorge García Rúa "a partir de la orden de aplicar tratamientos médicos no autorizados por la Anmat, sin estudios científicos de eficacia comprobada y sin ensayos clínicos conforme lo establece la legislación vigente en nuestro país".
"No se debe judicializar la medicina, se deben respetar los criterios médicos que tengan aval científico y respaldo en las asociaciones médicas y sociedades científicas reconocidas legalmente", continúa.
