Antes de ser asesinada Úrsula Bahillo había denunciado varias veces a su agresor, el policía Matías Ezequiel Martínez. Sin embargo el estado no actuó a tiempo para resguardar su vida. Lo que ocurrió en Rojas ocurre en muchos pueblos y ciudades de la Argentina: según el último informe del Observatorio MuMaLá el 25% de las víctimas de femicidios ocurridos hasta el 31 de enero habían realizado denuncias previas.
Este lunes una multitudinaria manifestación atravesó las calles de Santa Eufemia, un pueblo de 3 mil habitantes a 240 km de la Ciudad de Córdoba, en reclamo de justicia para Jesica Benitez. Jesica fue entregada a sus 13 años a un empleado bancario 35 años mayor de quién había quedado embarazada. Desde entonces ella y los dos hijos que tuvo con esa pareja sufren violencia psicológica, física y económica. Jesica además era forzada a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero para comprar ropa y alimento. En diciembre el suicidio de su hijo mayor, en ese contexto de violencia familiar, la empujó a denunciar al hombre. No era la primera vez que pedía ayuda, tanto la Jueza de Paz como en la comisaría local sabían de su situación.
El 23 de diciembre la Justicia dictó una restricción de acercamiento, tras un llamado al 0800 provincial, y este sábado radicó una denuncia penal en la Justicia de La Carlota, una localidad próxima. Sin embargo el agresor, que vive a dos cuadras de su casa, la sigue hostigando, amenazando y no cumple con sus obligaciones alimentarias. "No hay nada en los pueblos. Las chicas acuden a la policía pero le toman una exposición y ellas no tiene un lugar a dónde recurrir", dijo Micaela Escudero, nacida en Santa Eufemia, ex víctima de violencia de género y una de las mujeres que se acercó a acompañar a Jesica. Los vecinos y vecinas instaron al intendente Gerardo Allende a la puesta en funcionamiento "de manera urgente" de una oficina de atención integral de las mujeres víctimas de violencia de género.
A 160 kilómetros, en la localidad de Oncativo, Aldana denunció a su pareja en la comisaría local la madrugada del lunes 15 de febrero. Horas más tarde publicó en su facebook "Si un día aparezco muerta quiero que sepan que no me suicidé". La publicación iba acompañada de fotos de su cuerpo y rostro con los moretones que le dejó la brutal golpiza recibida. Ella y sus dos hijas viven frente al agresor. La policía le ofreció patrullar su casa cada una hora y aún espera que la justicia autorice una medida de restricción. "No fue guiada hacia donde ella debía gestionar la ayuda, la contención", advirtió Laura Volonté, periodista de Radio Centro Oncativo que se acercó a la mujer tras tomar conocimiento de la publicación en la red social. "Necesitamos que Oncativo avance ante esta realidad triste porque ayer no teníamos a dónde llevar a Aldana para que estuviera a resguardo y estamos hablando de su vida", dijo.
Muchas mujeres como Jesica y Aldana, que acuden a las comisarías de sus pueblos a denunciar a sus agresores, no reciben la orientación, contención y medidas de protección necesarias para proteger su vida, las respuestas son insuficientes o llegan tarde. "No hay articulación entre los dispositivos de políticas públicas en materia de género y los recursos materiales que puede tener el poder judicial para brindar protección", dijo en diálogo con Radio Nacional Córdoba, Mariana Amaya Cáceres, abogada e integrante del espacio Alerta Feminista, una de las organizaciones que se movilizaran este miércoles en reclamo de justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo.
Los colectivos, que se movilizan a partir de las 17hs desde Tribunales I, exigen una reforma integral del poder judicial que incorpore la perspectiva de género, mayor celeridad de la justicia y más presupuesto para prevenir y erradicar la violencia de género, entre otros puntos.
