La aprobación de la "ley antipiquetes" en Salta ha generado controversia y tensiones sociales en la provincia. La norma busca regular las manifestaciones sociales y restringir los cortes de ruta, exigiendo autorización previa y estableciendo lugares específicos para llevar a cabo las protestas. Sin embargo, esta medida ha sido duramente criticada, ya que limita el derecho de los trabajadores a expresar sus reclamos, y ha provocado represión y detenciones en manifestaciones recientes.
En diálogo con Radio Nacional Río Grande, Claudia Eslava, periodista de LRA 25 RN Tartagal de Salta, detalló que la situación ha generado un intenso debate entre legisladores y diferentes sectores de la sociedad. Mientras algunos argumentan que la ley es inviable y busca amedrentar a los manifestantes, otros consideran que es necesaria para mantener el orden y proteger los derechos de quienes se ven afectados por las protestas. El gobernador de la provincia está evaluando si promulgará o vetará la ley, mientras que los reclamos y las manifestaciones continúan, evidenciando la necesidad de encontrar soluciones que aborden las demandas de los trabajadores y promuevan un diálogo constructivo.
En medio de este clima de incertidumbre y descontento, la regulación de la protesta social se ha convertido en un tema central en la agenda pública de Salta. La provincia enfrenta un desafío en la búsqueda de equilibrio entre garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos y mantener la paz social, mientras se buscan soluciones que aborden las demandas de los trabajadores y fomenten un diálogo inclusivo y constructivo en el ámbito político y social.