Ayer, el gobierno nacional y gobernadores de todas las fuerzas políticas firmaron un nuevo consenso fiscal. La única que no lo hizo fue la Ciudad de Buenos Aires, un poco como en los albores de la organización nacional. Su jefe de Gobierno adujo que no firmaría un consenso que incluye aumento de impuestos. No aclaró que él ya dispuso aumentar a los porteños, entre otros, el 52 por ciento el ABL, autopistas, VTV, patentes y un impuesto que formó ayer parte del acuerdo nacional: el de servicios financieros. La negativa del alcalde porteño tuvo también motivaciones en la interna de Juntos por el Cambio y en un posicionamiento electoral para 2023. “Todos los argentinos de la Ciudad de Buenos Aires…”, dijo en conferencia de prensa, como haciendo de presidente, de los 100 barrios porteños. Además, puso como excusa el litigio con la Nación por la coparticipación.
Los demás mandatarios, - en representación de Entre Ríos lo hizo la vicegobernadora, Laura Stratta- acordaron armonizar y ordenar la aplicación de los tributos de mayor recaudación provincial. Estos son: Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto a los Sellos y el Impuesto Automotor, gabelas que el ex presidente Macri y buena parte de los tributaristas, expertos en contabilidad creativa, consideraban distorsivos y propiciaban su disminución gradual. Ahora se optó por fijar topes máximos a las alícuotas. Es decir, al porcentaje legal aplicable sobre la base imponible para la determinación de esos tributos. Lo que permite a propios y extraños tener un marco de previsibilidad a la hora de presupuestar. Además, se acordó un “endeudamiento responsable”. A diferencia de los que sucedió con los pactos del macrismo, en los que se permitieron endeudamientos provinciales en dólares que, como todos sabemos, ahora hay que pagar. Este nuevo endeudamiento responsable establece que sólo se podrá tomar deuda con organismos bilaterales o multilaterales de crédito y que ésta deberá ser destinada a obras de infraestructura.
El ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay, aclaró que: “en Entre Ríos no se crearán nuevos impuestos ni se elevarán las alícuotas de los ya existentes; de hecho, mantendremos las alícuotas en ingresos brutos y sellos a pesar de que este nuevo consenso fiscal faculta a la provincia a elevar esos porcentajes”, dijo. Está claro que, por lo menos en Entre Ríos, el nuevo acuerdo no implicará aumentos de impuestos, como durante todo el día de ayer, parafraseando al jefe de Gobierno porteño -que, reiteramos, sí subió impuestos- se cansaron de repetir en la mayoría de las pantallas de la televisión porteña. Las que parecen no apagar los dirigentes de la Mesa de Enlace local, que ya pidieron una audiencia a Ballay para que les explique de primera mano lo que se firmó. Por las dudas, aclararon que “no hay lugar para más presión fiscal”. Disculpen la pregunta: ¿Y a estos quién los votó?
No obstante la aclaración oficial sobre el no aumento de estos impuestos, hay que decir que por ejemplo el monotributo, un impuesto que pagan pequeños empresarios, cuentapropistas y trabajadores incluso del Estado, tiene prevista una actualización del 26 por ciento desde el primero de enero, teniendo en cuenta las modificaciones recientes.
Un tema que sobrevoló informativamente toda la jornada fue la posible “invitación” a las provincias a que legislen un impuesto sobre la riqueza obtenida por herencias, legados, donaciones y anticipos de herencia. Lo que se conoce como impuesto a la herencia. El que fuera suprimido en 1976, por el mismísimo José Alfredo Martínez de Hoz, dice la leyenda que para dirimir un pleito familiar. Pero la aversión de las clases acomodadas a semejante tributo es evidente, no solo la de la familia del ex ministro de Economía de la dictadura. Este impuesto es considerado progresivo. Es decir, pagan más los que más tienen. A diferencia, por ejemplo, del IVA, que representa la mayor recaudación del Estado, pero el que pagamos casi todos por igual, pobres y ricos; lo que lo transforma en regresivo. En los países serios, como gustan decir algunos comunicadores, se aplica. En Japón, por ejemplo, es del 55 por ciento; en Francia, del 45, en EEUU y Reino Unido, del 40; y así. En Latinoamérica lo tienen Chile, Brasil, Uruguay y Ecuador, entre otros. Los argumentos de la derecha contra su implementación son variados: desde su dificultad para cobrarlo, pasando por la doble imposición con el impuesto a la riqueza, al consabido desaliento de las inversiones, etc. Pero incluso, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, más conocida como la OCDE, recomienda su implementación para “abordar la desigualdad, particularmente en el contexto actual de riqueza persistentemente alta y nuevas presiones sobre las finanzas públicas vinculadas a la pandemia de COVID-19”, como dice un informe de esta organización internacional que no es, como te imaginarás, ni peronista, ni kirchnerista.
La provincia de Buenos Aires aplica este impuesto desde el 2009. En Entre Ríos se implementó unos años y el propio Bordet derogó la norma.
El mencionado ministro Hugo Ballay, por su parte, recordó que su aplicación tuvo una incidencia sobre la recaudación “muy por debajo de lo esperado, de apenas el 0,36 por ciento”, dijo. Por ese motivo, sostuvo que “el gobernador decidió que se derogue, en 2017, y esta decisión se sostendrá”.
Silvina Batakis, secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, dijo ayer, después de la firma del consenso, que lo que se acordó finalmente es sentarse a discutir “el año que viene” la posibilidad y la forma de imponer este impuesto. Por ahora, nada. Es evidente que la sanción de normas por sí solas no produce resultados. También hay que tener la decisión política de aplicarlas. Pero, por lo que parece, será una discusión a dar, con suerte, el año que viene.
Editorial de José Luis Ferrando, licenciado en Comunicación Social, periodista de LT14 Radio Nacional Paraná.
