Ayer hablábamos de los sueldos del Poder Judicial de la Nación y de la condición casi monárquica de algunos de sus integrantes. Situación que, bueno es aclararlo, no difiere demasiado de la de quienes forman parte los tribunales de provincia, ni de Entre Ríos en particular. Hacia el mediodía se conoció un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dos de cuyos integrantes intentaron ingresar por decreto para tener que hacerlo finalmente por el procedimiento que debían, Senado mediante. El fallo en cuestión declaró la inconstitucionalidad de la actual composición del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la selección y remoción de los jueces y de la administración del Poder Judicial. Sostiene que la ley de 2006 es inconstitucional porque le da predominio al estamento político. Para ello los supremos reflotaron un caso que venía con fallo de una Cámara desde 2015. A su vez, exhortaron al Congreso a que dicte una nueva ley que garantice el equilibrio de los distintos sectores que lo integran. Mediante este fallo, se retrotrae la situación quince años, debido a que la composición actual es producto de una ley impulsada por la entonces senadora, Cristina Kirchner. Además, se vuelve a poner al presidente de la Corte como cabeza del Consejo. El presidente de la Corte es Horacio Rosatti, uno de los dos que -a propuesta del ex presidente Macri- intentaron entrar, primero, por la ventana. Ahora es el presidente de la Corte, después de una votación de… tres votos. Uno de ellos, de él mismo.
El fallo le da, además, un plazo máximo de cuatro meses al Consejo para que se integre con 20 miembros, es decir, siete más de los que tiene ahora. El Consejo de la Magistratura desempeña importantes funciones en la designación, supervisión y remoción de los jueces nacionales y federales. Además, es el organismo encargado de administrar el Poder Judicial. Así lo establece el Artículo 114 de la Constitución Nacional, aunque el último punto, el de la administración, no se cumple. Por una acordada, es decir por decisión de la propia Corte, a la plata del Poder Judicial, eso que en este caso los medios hegemónicos no llaman “la caja”, la maneja la propia Corte. Hasta hace poco, por la presidencia de la Corte; ahora, luego de un golpe palaciego, con restricciones que le impusieron los otros integrantes del alto cuerpo. En total, cinco personas.
“La Corte le dio un golpe a las instituciones democráticas sin precedentes”, dijo ayer el ministro de Justicia, Martín Soria, quien días pasados se había reunido con ellos para decirles todo lo malo que el Gobierno y buena parte de la sociedad piensa, de ellos. Horas más tarde, sale este fallo, que ya era esperado.
El Consejo de la Magistratura fue introducido por la reforma constitucional de 1994 y se volvió operativo por las leyes 24.937 y 24.939. El 17 de noviembre de 1998 se dictó la primera resolución. Dicen que los constituyentes perseguían dos grandes objetivos: lograr un equilibrio de poderes y atenuar el presidencialismo. Hasta ahora, su funcionamiento ha sido cuanto menos errático, ineficiente, con permanentes pujas hacia el interior del cuerpo por su composición y por quién tiene finalmente el poder en un órgano integrado actualmente por trece miembros: tres jueces, dos abogados, seis legisladores, un académico y el representante del Poder Ejecutivo. Y que ahora deberá volver a su composición original de 20: el presidente de la Corte, otros cuatro jueces, ocho legisladores, cuatro abogados, dos académicos y el representante del Poder Ejecutivo.
Por ahora, lejos de lograr eficiencia en un estamento casi permanentemente empantanado, el Consejo parece convertirse en un instrumento más de disputa, para una Corte Suprema y un Poder Judicial dispuestos a ser garantes de un sistema de poder en el que las grandes corporaciones, nada quieren saber de que se le pongan los límites que siempre, siempre, están prestos a ponerle a los gobiernos democráticos.
Editorial de José Luis Ferrando, licenciado en Comunicación Social, periodista de LT14 Radio Nacional Paraná.
