“El hilo se corta por lo más fino”, indicó a Radio Nacional Salta la delegada de ATE en la Secretaría de la Niñez y La Familia, Nelly Sánchez, tras las condenas que se conocieron ayer en el conocido caso Thiago, que llevó al banquillo a seis personas (tres de ellas agentes públicas), un médico y la pareja que debía cuidar al niño que falleció en 2015, y que tras una investigación dejó al descubierto que el deceso fue producto del maltrato de estos.
Patricia Sánchez y Marcelo Senise fueron condenados a prisión perpetua a causa de los hechos. Pero los profesionales terminaron con una condena de prisión condicional e inhabilitación para ejercer por entre dos y cuatro años, además de estar impedidos de ser convocados por el Estado al menos por diez años para ser empleados.
Al referirse al tema, Nelly Sánchez indicó cual es la situación en la cual se desempeñaban y se siguen desempeñando en la Secretaría.
Por su parte, el defensor de la psicóloga Lorena Rechiutto y Marina Vargas, Juan Pablo Rechiutto, entendió que el Ministerio Público Fiscal incumplió con su papel de buscar la verdad sobre la situación, al momento de tomar el rol de querellante particular. No descartó que la estrategia de la totalidad de los defensores sea apelar las condenas, además de presentar un recurso de inconstitucionalidad.
