En la mañana de este jueves, comunidades mapuche-tehuelche de Chubut, acompañadas por los abogados Juan Manuel Salgado y Sonia Ivanoff, presentaron una demanda en el Superior Tribunal de Justicia en Rawson para solicitar la anulación del Decreto N° 112 emitido por el Poder Ejecutivo Provincial . Dicho decreto establece la conformación de la Comisión de Tierras Indígenas (CTI).
Las comunidades originarias denunciaron la falta de cumplimiento del Convenio Nº 169 de la OIT que refiere a la consulta, libre, previa e informada que deben realizar los Estados cuando tomen decisiones que afecten a los pueblos originarios, y que el decreto es violatorio de la ley que regula su funcionamiento. En este punto advierten que no se ha creado el Instituto de Comunidades Indígenas, que tiene la facultad de designar al Director de la Comisión de Tierras Indígenas (CTI) de acuerdo a los intereses y representatividad de las y los integrantes de las comunidades.
Mariela llanquinao, abogada mapuche, en diálogo con "Trabajo de hormiga" se manifestó sobre el las inconsistencias del decreto: "no se reglamentó la conformación de la CTI durante mucho tiempo. El gobierno pone al actual director de Asuntos Indígenas como presidente de la Comisión, por lógica va a ser funcional al gobierno". Destacó que el gobierno no forma la comisión cumpliendo con un fallo judicial y respetando los estándares internacionales, sino que "viola el espíritu de la Ley I-157 y vulnera los derechos de los pueblos originarios", debido a que el Director de la Comisión de Tierras Indígenas no puede desempeñar funciones en el Estado Municipal, Provincial o Nacional.
"La función de la comisión es importante porque los representantes de las comunidades tienen la facultad de dictaminar, revisar o intervenir cada vez que se trata de tierras comunitarias o haya un conflicto de tierras en donde hayan integrantes de comunidades", remarcó la abogada.
Por su parte, Juana Antieco, integrante de la comunidad mapuche-tehuelche de Costa de Lepá que estuvo presente en Rawson, en diálogo con "La aristogracia" expresó que "es un decreto inconstitucional. El gobernador pretende pasar por encima de una ley con un decreto. A través de sus instituciones, en este caso a través de Asuntos Indigenas, comunicó a todas las comunidades de Chubut". Destacó que "el convenio 169 de la OIT es explícito, debe haber consulta libre, previa e informada. El Estado tiene la obligación de realizarla".