La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) de Argentina reportó casi 50 casos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad durante los primeros 90 días de cuarentena dispuesta por la pandemia de COVID-19.

"A tres meses de cuarentena hemos publicado casi 50 reportes con denuncias sobre todo tipo de violencia policial y de otras fuerzas a lo largo y ancho del país: golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desaparición forzada, hechos en los que han participado policías federales, provinciales, municipales, gendarmería, prefectura y servicios penitenciarios", dice el informe presentado por la abogada María del Carmen Verdú, referente de la organización.

En el escrito, la CORREPI deja en claro que no cuestiona las medidas de cuidado sanitario ordenadas por el presidente Alberto Fernández. "Lo que sí nos toca decir, es que cuestionamos profundamente que se haya puesto en manos de las fuerzas de seguridad la función de garantizar que estas medidas de aislamiento se cumplan", argumenta la organización. Estas fuerzas son "las mismas que hacen a diario festivales de detenciones arbitrarias, que torturan sistemáticamente en cárceles y comisarías, que reprimen a trabajadores que se organizan para defender sus derechos y que desaparecieron a Luciano Arruga, Santiago Maldonado y ahora a Luis Espinoza, entre otros casi 200 desaparecidos en democracia", señala.

El informe recuerda algunos casos recientes que tuvieron variada repercusión, como los fusilamientos de Nahuel Gómez el 28 de marzo; Rubén Sarso el 27 de abril; Alan Maidana el 24 de mayo; Lucas Barrios el 30 de mayo; Augusto Itaurralde el 14 de junio, y su amigo Diego Insaurralde 48 horas después; o el más reciente de Facundo Escalso.

En contacto con RAE Argentina al Mundo, la abogada María del Carmen Verdú, directora de CORREPI, señaló que la situación es alarmante.

Producción: Julieta Galván
Web: Julián Cortez