Como parte del trabajo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, funcionarios del organismo estuvieron en la provincia donde analizaron la situación de los derechos de las personas privadas de su libertad en Chubut en vistas a recomendar modificaciones en políticas publicas en el tema. Al respecto, uno de los integrantes del Comité, el abogado Gustavo Palmieri, detalló tres problemas fundamentales: "no hay una institución que trabaje con personas privadas de su libertad, no hay políticas específicas, hay una situación de violencia institucional marcada y la ausencia de un mecanismo provincial de prevención de la tortura que la provincia está obligada a designar por ley".
El especialista dijo que si no se crea ese mecanismo "se puede designar una institución que trabaje en ese sentido hasta que lo cree como indica la ley".