La fiscal a cargo de la investigación del hurto de vacunas en el Hospital Regional, Andrea Rubio explicó que el primer paso para avanzar en la hipótesis del gremio camionero fue clarificar con el Ministerio de Salud que conduce Fabian Puratich si se había destinado una cantidad de dosis para gremios o mutuales.
"Consultamos si la Provincia tenía algún convenio con asociaciones, mutuales, personal de otro sindicato para que estos tuvieran acceso a la vacuna y poder efectuar la vacunación de la primera y segunda dosis. Nos indicó que no, que eran recibidas las vacunas por el Ministerio y eran distribuidas a la provincia, que no había convenios con mutuales, sindicatos, ni organización de trabajadores. Con esos fundamentos solicitamos al juez Caviglia allanar la Obra Social y el gremio el viernes. No sabíamos en cual de los dos lugares podíamos concretar la aplicación de la segunda dosis", explicó la fiscal, en conferencia de prensa.
Por su parte, el Jefe de la División de Investigaciones Pablo Lobos relató que los peritos informáticos del área pudieron recuperar material de interés para la causa que habían pretendido eliminar de las computadoras de la obra social de Camioneros.
Primero Lobos detalló que testimonios tomados en el marco de la causa, advertían sobre una primera aplicación de Sputnik en la obra social de Camioneros a fines de enero. "Esos testimonios fueron respaldados por mensajes donde aparecía como información que empleados Camioneros se habían vacunado, secuestramos la computadora del personal directivo de la obra social, mails vinculantes donde había listados de 21 personas que iban a aplicar la vacuna hoy a partir de las 09:30 horas. Esta información es avalada por otra información secuestrada que daba cuenta de la aplicación de la primera dosis el 29 de enero. Secuestramos también aparatos celulares que serán peritados", agregó.
Asimismo, detalló el comisario que "hay una de las enfermeras, cuyo domicilio fue allanado en el marco de los 15 diligenciamientos previos, que era la que realizaba las aplicaciones en la obra social de Camioneros, si no hubiéramos avanzado en los allanamientos iniciales esta información no la tendríamos hoy en día", sostuvo.
Rubio adelantó que con el análisis preliminar del material hallado el viernes se avanzó en el pedido de nuevas medidas. "En el mail que hallamos, solicita que se le recuerde a quienes van a concurrir que lleven el certificado la primer dosis, tres o cuatro de las personas citadas estaban en la obra social, teníamos autorización para requisar en la búsqueda del certificado, pedimos autorización para los allanamientos, cinco".
Finalmente, Cristian Olazabal el fiscal que se suma a la investigación, participó de la conferencia y se refirió al listado de personas que se habría vacunado reconoció que no todos son trabajadores Camioneros y en primera instancia descartó una imputación inmediata. "Están las personas identificadas, estamos en los albores de la investigación arriesgar una imputación sería desmedido en esta instancia. Tenemos que determinar que pasó entre la colocación de las dosis. Hay mucho que analizar esto surgirá tras tamizar los datos y la evidencia".
Por otro lado, no descartó que este caso pueda incurrir en una instancia superior por el daño ocasionado. "El tipo penal ya se informó es la figura de hurto, sustracción no violenta, y veremos si hay alguna mutación por agravante, por afectación de la salud pública. Sin perjuicio de que la competencia pueda pasar al fuero federal teniendo en cuenta que se encuentran comprometidos los intereses del estado nacional que es el propietario de las vacunas".
