85 personas murieron y más de 300 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba contra el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina, el 18 de julio de 1994.
El ataque terrorista ocurrió a las 9.53 de aquel viernes y destruyó la sede de la mutual judía en Pasteur 633, de la Ciudad de Buenos Aires, además de causar serios daños en los inmuebles cercanos
29 años después, la causa judicial sigue centrada en lograr la captura internacional de ciudadanos iraníes acusados y de un libanés miembro del Hezbollah, sindicado como organizador directo del ataque en Buenos Aires, que vivió en Argentina bajo el nombre de Salman El Reda.
Mohsen Rabbani era agregado cultural en la embajada de Irán al momento del ataque y es uno de los buscados por la Justicia argentina con pedido de captura internacional junto a Ahmad Vahidi, Mohsen Rezai, Ahmand Reza Asghari y Ali Fallahyian, además de El Reda.
Hasta ahora Irán no respondió a los exhortos e Interpol mantiene activas las llamadas "circulares rojas" de captura internacional dispuestas el 9 de noviembre de 2006.
La causa central por el ataque cambió dos veces de juez en los últimos años, tras la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral, titular durante dos décadas del juzgado federal 6 con sede en Comodoro Py 2002.
De esta forma, desde octubre de 2021, el magistrado subrogante a cargo por sorteo es Daniel Rafecas, en una causa que no tiene detenidos, quien en junio de 2023 ordenó la captura internacional de cuatro ciudadanos libaneses que estarían en Paraguay como sospechosos de haber sido "partícipes secundarios" en el atentado.
Los pedidos de captura fueron hechos por la fiscalía en noviembre del año pasado y serían personas que pudieron haber "cooperado y/o facilitado" distintas cuestiones a los organizadores del ataque en los meses previos.
La investigación está delegada en la Unidad Fiscal AMIA, que hasta enero de 2015 tuvo al frente al fallecido fiscal Alberto Nisman y en la actualidad está a cargo del fiscal federal Sebastián Basso.
Este último tiene a su vez bajo su órbita el análisis de la información de inteligencia relevada del secreto en sucesivos decretos presidenciales desde 2005, a raíz de las denuncias por irregularidades y delitos cometidos en la investigación, que derivaron en apertura de causas con condenas penales.
Personal de la fiscalía trabaja ahora en la "recuperación, digitalización, sistematización y análisis de los documentos desclasificados", además de buscar la "adecuada custodia y guarda".
Por otro lado, el pasado 11 de julio culminó la primera etapa de centralización de la documentación vinculada a la causa AMIA en las Instalaciones del Palacio Barolo.
Desde mediados de 2021, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a cargo de Martín Soria, realizó obras de remodelación y reacondicionamiento de las instalaciones para garantizar las condiciones necesarias para el resguardo de la documentación que se encuentra en dependencias de la Agencia Federal de Inteligencia -ex Secretaría de Inteligencia del Estado.
El traslado y centralización de informes y archivos desclasificados vinculados a la Causa AMIA cumple con lo establecido por el Decreto N° 229/17 y permite que todo el acervo documental se encuentre a disposición directa de la UFI AMIA.
Recordamos este nuevo aniversario del atentado con un informe elaborado por el Área de Contenidos y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.
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