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Por Eduardo Anguita
La noticia salió al aire como quien impulsa un cohete hacia la estratósfera. El domingo 16 por la noche, en un programa de C5N, se dijo que el gobierno había decidido privatizar ARSAT. Según el zócalo del programa de Roberto Navarro, se llevaba a cabo “la primera privatización de Macri”. Una carta de intención de la estatal ARSAT (Argentina Satelital, 100% de las acciones en manos del Estado nacional) con la empresa estadounidense Hughes, firmado el pasado 29 de junio, según el programa El Destape, se convertía en el primer paso para privatizar la explotación de los satélites geoestacionarios argentinos. El martes, ARSAT, a través de un comunicado difundido por la agencia Télam, afirmaba que la carta de intención le otorga a Hughes el 51% de la empresa Newco, destinada precisamente a la fabricación y explotación del ARSAT-3. El 49% restante quedaría en manos de la estatal ARSAT. El comunicado agregaba que “nuestras misiones satelitales no pueden seguir financiándose en un 100% con los impuestos de los argentinos”. En verdad, una frase muy poco afortunada que lejos de aclarar, oscurece la idea de cómo pueden obtenerse beneficios de la explotación de un satélite geoestacionario destinado a brindar servicios de datos para soportes tales como televisión, telefonía e internet. Un satélite como el mencionado -sea privado, estatal o mixto- es capaz de recibir señales desde ciertas antenas transmisoras y enviarlos en una determinada frecuencia a los dispositivos en cuestión, teléfonos, televisores, computadoras. Eso es un proceso muy complejo y sofisticado, que escapa al conocimiento de este cronista. Sin embargo, cualquiera sí puede entender dos cosas. La primera es que la ley de desarrollo satelital, votada por unanimidad en el Congreso en octubre de 2015, prohíbe expresamente la transferencia del 51% de las acciones clase A que el Estado tiene en ARSAT sin previa autorización de los dos tercios del Congreso. Lo segundo, más prosaico, es que las empresas que contratan satélites geoestacionarios pagan por ello. Y lo suficientemente bien como para que sea rentable, más allá de que la operación comercial esté en manos privadas o estatales.
Por coincidencia, el Ministerio de Comunicaciones dejó de estar en manos de Oscar Aguad, de modo que tiene su portal desactivado y no brinda información oficial. A su vez, el portal de ARSAT, que está en la grilla de ese ministerio, tampoco brinda información oficial. En las radios y los portales, en consecuencia, se escuchan versiones de todo tipo y color. Varios hablan de que para privatizar una empresa pública es preciso una ley del Congreso.
Un poquito de historia
Los satélites geoestacionarios están a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra y sobre la franja del Ecuador. Dado que el espectro es finito, hay un organismo bajo la órbita de Naciones Unidas -la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)- que establece qué países pueden aspirar a tener posiciones orbitales. Hace ya 20 años, la Argentina obtuvo las posiciones geoestacionarias 72 y 81 grados longitud oeste. Es decir, quedó una reserva en el espectro para que el Estado nacional pusiera en órbita y explotara esos satélites. En caso de no hacerlo, podía perder las posiciones y algún otro país sería beneficiario. En 2006, Néstor Kirchner creó Argentina Satelital (ARSAT) y asumió el desafío de construir los satélites y ocupar los espacios. Así, se logró en 2013 y 2015 poner el ARSAT-1 y el ARSAT-2 respectivamente en esas posiciones. A través de la construcción con una participación destacada de la empresa de tecnología INVAP (una SA cuyo capital accionario está en manos de la provincia de Río Negro que se autofinancia, y tiene sus laboratorios principales en Bariloche).
En el mundo de los satélites los grandes jugadores son privados, aunque se alimentan también de las agencias estatales. Empresas como AT&T, SES o DirecTV entran en acción junto a la NASA o las agencias espaciales de los países centrales.
En el caso argentino, los dos satélites que se pusieron en órbita fueron construidos por INVAP. Eso no quiere decir que todos los componentes sean de origen nacional. Como sucede con otras industrias, la mayoría de ellos llegan de empresas con sede en países centrales. Sin embargo, en el ámbito de la tecnología de avanzada, INVAP está en la consideración de contar con físicos e ingenieros de altísimas calificaciones. El ARSAT-3, aunque todavía no comenzó su fabricación, también será fabricado por INVAP, según la carta de intención firmada en 2015 y que las autoridades actuales respetaron.
No faltaron quienes, tras el anuncio de El Destape, hablaron de “transferencia ilegal de acciones de la empresa estatal ARSAT a la norteamericana Hughes”. Y, de acuerdo a la legislación vigente, la advertencia es correcta. El único argumento oficial es que todavía el zorro no se comió a la gallina. Pero la firma del acuerdo con Hughes indica que el gobierno ya abrió la puerta del gallinero.
Este convenio se llevó a cabo justo cuando el Ministerio de Comunicaciones cambiaba de manos y la verdad es que es sospechoso que, sin debate previo y contrariando la ley, ARSAT firme algo con una multinacional estadounidense.
Al frente de ARSAT, al menos hasta ahora, está (o estuvo) Rodrigo de Loredo, un abogado cordobés que, más allá de ser el yerno de Oscar Aguad, piloteó la reincorporación de despidos y se mostró defensor de lo logrado en la gestión anterior en esa empresa. En una entrevista de enero de 2016, publicada en Perfil, De Loredo decía: “Recibí una empresa que cumplió un tremendo objetivo, preservar la soberanía orbital, que estaba en riesgo. Dicho cometido está garantizado. Una empresa que, además, tiene dos satélites orbitando en perfecto estado de salud. Una empresa cuyo capital más grande probablemente sea su capital humano científico. Me encontré con una empresa que tiene un activo muy importante para el Estado argentino. Hay que discutir si el volumen de inversión se corresponde con el activo encontrado. Eso está en estudio. Estamos a toda marcha en un proceso de diagnóstico de la situación. En él hubo, como en otras áreas, mucha utilización política de la empresa, en la que se invirtieron más de 2.500 millones de dólares. Para nosotros ARSAT es una política de Estado, por eso lo que esté bien vamos a seguir haciéndolo y vamos a mejorar lo que esté mal.”
Meter una empresa privada extranjera si tanto ARSAT como INVAP cuentan con capital “humano y científico” de excelencia está en la dirección contraria de lo que decía De Loredo. En todo caso, debería saberse es cuál fue el plan de negocios puesto en marcha por la gestión anterior a cargo de Matías Bianchi y cuál es la actual. En concreto, en los años anteriores, se hizo mucho hincapié en la política aeroespacial como parte de la defensa de la soberanía pero no se explicó que el ARSAT-2, con una inversión multimillonaria, no contó con una capacidad comercial capaz de vender los servicios a los países que cubre ese satélite. Concretamente la posición orbital le permite cubrir desde Estados Unidos y Canadá hasta el sur de la Argentina. Puede brindar servicios a una treintena de países y a centenares de empresas. El satélite está operativo desde octubre de 2015; sin embargo, antes de eso, no se habían vendido servicios. Canadá, por caso, recién autorizó la operación del ARSAT-2 a mediados de 2016 porque no se habían aceitado los canales de contratación y venta.
No todo es una discusión filosófica de hacia dónde va el mundo ni del rol de las multinacionales o del sector público. Hay cosas prácticas, verdades de Perogrullo. Para decirlo en términos futboleros: si contratás los dos mejores equipos, el mejor estadio y el referí toca el pito, a nadie se le va a ocurrir que las entradas deben ponerse a la venta después del primer gol.
Aunque parezca medio absurdo, en la estación de Benavidez, donde está la sede de ARSAT, el 1 de octubre de 2015 estaban contentísimos porque el satélite iba a la posición geoestacionaria tal como estaba previsto. Gracias, desde ya, a los genios de INVAP y de ARSAT. Un gran logro argentino que dejaba como contracara que faltaban los estudios de marketing y las vías de comercialización para rentabilizar la inversión. Es curioso, los políticos invierten plata y astucia en el marketing a la hora de disputar el voto. Sin embargo, se les escapa la vizcacha cuando se trata de algo tan trascendente como hacer sustentable una inversión en satélites de comunicaciones.
Desde ya, no es un secreto que Cambiemos quiere aumentar las importaciones, que les ofrece negocios a los grandes capitales externos, que los defiende con fervor y que quiere echar para atrás todas las políticas que signifiquen afirmación de la soberanía. Salvando las distancias, y en un contexto distinto, son continuadores de las políticas de los noventas del menemismo y el delarruísmo. Precisamente por la delicada situación que atraviesa la Argentina es preciso no dar flancos. Debería exigirse que la actual gestión mejore los planes de negocios para que sigan las políticas de Estado en ARSAT que, según De Loredo, deben continuar lo que está bien y mejorar lo que está mal. No parece, de ningún modo, que la aparición de Hughes sea para mejorar lo que está bien. Por el contrario, parece un claro retroceso en materia de soberanía.
