En la reciente Conferencia de las Partes (COP) 3 de Escazú, llevada a cabo en Santiago, Chile, del 22 al 24 de abril, se destacó por su compromiso con la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales. El tratado de Escazú, adoptado en marzo de 2018 en Costa Rica y en vigor desde abril de 2021, ha sido ratificado por solo 15 de los 24 países firmantes en América Latina y el Caribe, entre ellos, Argentina.
Latinoamérica es una de las regiones más vulnerables a los efectos de la crisis climática, lo que hace crucial el compromiso regional con acuerdos como Escazú
El gran hito de la COP 3 de Escazú fue la aprobación del Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, que establece una hoja de ruta para garantizar un entorno seguro para quienes protegen el medio ambiente. Nicolás Duarte de Correntinos contra el cambio climático expresó: "Hubo un nutrido grupo de argentinos con mucha presencia de juventudes y sobre todo federal, lo que es interesante ya que gran parte de los conflictos ambientales se generan en territorios lejanos a la capital y es ahí donde debe llegar Escazú con mayor contundencia".
Duarte también destacó la importancia de la implementación del acuerdo en los territorios: "El desafío es que el acuerdo se implemente en los territorios y la comunidad pueda entender en qué nos beneficia y la importancia que tiene para hacer un uso pleno de lo que implica".
En la COP 3 participaron diversas organizaciones argentinas, mostrando una representación federal. Entre ellas, destacan organizaciones juveniles como Sustentabilidad sin Fronteras, Jóvenes por el Clima, Correntinos contra el cambio climático, y otras de relevancia internacional e histórica como Farn.
El Gobierno argentino estuvo representado por Corina Lehmann, directora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y Augusto Paz por la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. Ambos expresaron el compromiso del país con la protección ambiental y la implementación de Escazú en los territorios.
Para Nicolás Duarte, la COP debe ser un impulso para seguir trabajando en la implementación del acuerdo: "Creo que todos coincidimos que hay una necesidad de generar más divulgación del Acuerdo y que este se implemente en todas las provincias, donde es realmente trascendental que el Gobierno Nacional lo lleve adelante e impulse a los gobiernos provinciales también a generar formación y un poder judicial que debe hacer lo propio; la articulación de la sociedad civil con estos sectores es clave".
