Elsa Quiroz, exdiputada nacional por la Coalición Cívica y una de las primeras denunciantes de la causa Sueños Compartidos en 2008, cuestionó las condenas dictadas y consideró que el resultado judicial tiene “sabor a poco”.

En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Radio Nacional, valoró que la causa haya llegado a juicio pese a los numerosos “vaivenes” que atravesó durante 16 años.

Sin embargo, señaló que todavía quedan instancias de apelación, decomisos y otros aspectos por resolver.

La exdiputada se refirió además a los más de 206 millones de pesos determinados por la auditoría y aclaró que se trata del dinero que pudo acreditarse documentalmente.

“Los papeles que no había eran muchos más”, sostuvo, y remarcó que ese monto todavía debe ser actualizado.

Quiroz también recordó el impacto que tuvo el caso sobre los trabajadores de las obras y relató que un grupo de albañiles se acercó a su despacho tras descubrir que no tenían registrados sus aportes previsionales.

Para la exlegisladora, esas situaciones muestran una dimensión del caso que excede el perjuicio económico al Estado.

Además, apuntó contra la participación de funcionarios y privados en el manejo de los fondos y sostuvo que existieron numerosas empresas que funcionaron como vías para el flujo del dinero.

Según señaló, parte de ese entramado todavía no estaría completamente investigado o probado.

Finalmente, Quiroz sostuvo que una condena por corrupción debe trascender el expediente judicial y tener un impacto social.

“Un funcionario tiene que ser calificado como corrupto cuando se prueba la corrupción”, afirmó.

También agregó que si no encarna la condena en la sociedad, “la verdad no sirve para mucho”, concluyó.