La denuncia por la filtración de audios de Karina Milei, presentada ante la Justicia Federal, advierte sobre una operación de inteligencia ilegal destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral, con presunta influencia extranjera.

Entre los responsables, el Gobierno identificó al periodista Mauro Federico; al secretario ejecutivo de la AFA y reciente empresario de medios Pablo Toviggino; al conductor Jorge Rial, que hace pocas semanas declaró que había que espiar al Presidente; y al abogado Franco Bindi, operador judicial vinculado a Fernando Pocino”.

Un comunicado difundido este lunes en la cuenta de la Vocería Presidencial en X sostuvo que la maniobra consistió en la captación ilegal y clandestina de audios privados de la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios, para luego manipularlos o difundirlos de manera escalonada previo a la contienda electoral.

“No se trata de una filtración casual, sino de un ataque planificado”, sostuvo el informe y destacó que “el mismo apunta directamente al núcleo de la democracia argentina: el proceso electoral”.

El objetivo fue generar caos y desinformación para condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas, alertó el Gobierno en la cuenta de la vocería presidencial a cargo de Manuel Adorni.

En ese contexto, consideró que el hecho “es de una gravedad inédita dado que las grabaciones podrían haberse realizado en la mismísima Casa Rosada, lo que constituye una amenaza sin precedentes a la seguridad institucional y a la investidura presidencial”.“Esta campaña de desinformación responde a influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”, expresó.

Y recordó que la Ley de Inteligencia Nacional prohíbe taxativamente a cualquier persona u organismo realizar espionaje político o manipular la opinión pública mediante actividades clandestinas.

“Por ello, la denuncia solicita medidas cautelares urgentes para impedir la publicación de nuevas filtraciones y preservar la transparencia del proceso electoral”, explicó el comunicado de la Vocería Presidencial.

Ante la difusión de los audios grabados ilegalmente a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en Casa Rosada, el juez Alejandro Patricio Maraniello prohibir esa acción y reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión.