El anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la intervención del Estado sobre la empresa Vicentín, la mayor exportadora y productora de granos de capitales locales de Argentina, sumó varios argumentos destacados entre los que sobresalió aquel cuando enfatizó que, con esta medida, se promovería la “soberanía alimentaria”.

Rae- Argentina al Mundo consultó a la antropóloga social, y coordinadora de proyectos de la Fundación Rosa Luxemburgo-Cono Sur, Patricia Lizarraga.

La experta consideró que se trata de una acción central pero siempre que las asociaciones campesinas que siguen la soberanía alimentaria como modo de vida, producción y comercialización sean partícipes centrales también en las mesas de negociación de precios, de políticas sociales y de participación en los circuitos ahora coptados por los oligopolios alimentarios.

También, Lizárraga destacó la importancia de que se torne clave el concepto del alimento como un derecho político y social, y no una mera mercancía. Por este camino, en un país que hoy asiste a más de 11 millones de personas sin acceso a alimentos por sus propios medios, la cuestión del hambre deberá de ser parte de una agenda tomada sólo por los grandes pulpos económicos.

Presentación y producción: Silvana Avellaneda

Web: Julián Cortez