La iniciativa fue sancionada por la Legislatura el 26 de diciembre pasado y el Ejecutivo la promulgó el 2 de enero.

Su objetivo es “fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y las garantías de las personas que se encuentran privadas de su libertad”.

Además procura “la prevención y erradicación de la tortura”, al establecer un Mecanismo de Prevención de la Tortura en Entre Ríos.