En el día de ayer y luego de un trámite exprés de la Justicia de Río Negro y bajo la supervisión de la Gobernadora Arabela Carreras, cual Sherif del lejano oeste o comandante de La Policía Fronteriza, un centenar de agentes de la policía llevo adelante un nuevo despojo a la Comunidad Mapuche Gallardo Calfu.
Un territorio que la Lof reclama su despojo hace más de 40 años, en instancias legales y administrativas sin que la Justicia haya dado lugar al derecho indígena vigente, tiene sus primeros antecedentes escritos por la Dirección de Tierras en el año 1941 en razón de la presencia de uso y ocupación de Sixto Gallardo. La estafa por parte de la familia Soriani se produjo en los años 1980 desde esos momentos la Lof ha recorrido todos los caminos posibles, inclusive la denuncia según Expte 1504/13 en la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales en la Provincia de Río Negro. Dicha comisión fue creada por ley 4744 y conformada por legisladores de todo el arco político de la provincia; funciono hasta el año 2015, se desarmó por cuestiones políticas y fundamentalmente porque se revelaron situaciones irregulares en la transferencia de tierras, muchas de las cuales fueron en perjuicio de comunidades y pobladores Mapuche dispersos. En esta misma línea la Comunidad hizo su planteo dentro del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro y el CoDeCI (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas), hoy, la Lof está dentro un listado de comunidades cuyo territorio debe relevar la Ley 26160.
Esta situación lejos de resolverse, ayer tuvo un capítulo más de injusticia de la Justicia llevando un trámite exprés de desalojo, defendiendo a los “dueños” Soriani, premura que no tuvieron para encontrar a un peón desaparecido hace dos años que trabajaba bajo las órdenes de los “dueños” Soriani. Tanta rapidez de la gobernadora para disponer de todos los mecanismos para llevar adelante el desalojo, cuidando los intereses de la propiedad privada y/o los negociados con Lewis, cuyo ingreso al lago escondido es el camino de Tacuifi, precisamente donde está situado el conflicto de la Lof Gallardo Calfu.
La Justicia a través de sus personeros y la Policía de Río Negro usaron todos los artilugios cuasi mafiosos, como por ejemplo proponer cinco audiencias judiciales en el mismo día para complicar la defensa, retener en un control al abogado de la APDH Zonal andina que asiste a la Lof, hacerlo regresar por el permiso de circulación, desviarlo del camino para que no llegue al lugar donde se producía el desalojo. El Consejero Indígena Nehuen Loncomán intervino ante los Fiscales Arrien y Lozada para garantizar la integridad física de les miembros de la Lof, cuando esto se producía Martín Lozada ordeno sospechosamente luego de un llamado telefónico la concreción del desalojo y las detenciones, hecho tan grave que implica el desprestigio de la Justicia y falta a un acuerdo previo, la falta a la palabra de un hombre que todavía da clases de Derechos Humanos en una Universidad Pública.
Para la lamuen Blanca Gallardo la violencia ejercida en 1980, cuando su familia fue corrida del territorio, tiene una memoria en su propio cuerpo y un correlato en la historia colectiva del despojo. Ayer una vez más fue violentada física y verbalmente junto a pu lamuen, quienes sostienen desde siempre la lucha por el territorio y la preservación de una memoria ancestral de resistencia de nuestro pueblo.
Repudiamos especialmente la sobreactuación de la Gobernadora Carreras que viene sosteniendo un discurso anti mapuche y que presiono a la justicia para llevar adelante el desalojo de la Lof Gallardo Calfu, protegiendo la propiedad privada del “dueño Soriani”, tal lo definió por los medios de comunicación, y protegiendo los intereses de Lewis. Llegó hasta Mascardi donde intentó tener un “diálogo”, cuando es de público conocimiento que desde que asumió la gobernación no ha hecho más que desconocer a los integrantes de la Comunidad Lafken Wincul Mapu donde asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel. Resaltamos que, a pesar de sus palabras, las acciones de su gobierno son el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo que reconozca los derechos expresados en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y que la Mesa de Diálogo avance. La sobreactuación de ayer pareció más una provocación, que una voluntad real de dar soluciones a una problemática territorial histórica que atraviesa toda la provincia.
En este contexto, desde las Comunidades Mapuche Tehuelche, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche hacemos un llamado a la reflexión al gobierno de Río Negro, sobre sus palabras, y sus acciones en contra del Pueblo Mapuche Tehuelche y por consiguiente a gran parte de la sociedad rionegrina.
Exigimos la puesta en marcha de una Comisión Investigadora de Títulos y Transferencias de Tierras previsto en la ley Integral Indígena 2287/88 La puesta en marcha del Fondo de Desarrollo de las Comunidades. Tierras aptas y suficientes. Devolución de las tierras ilegalmente apropiadas a las comunidades.
Exigimos la puesta en marcha del Relevamiento Territorial de la Ley 26160.
Exigimos que se investigue la estafa de la familia Soriani a la comunidad Gallardo Calfu y la devolución del territorio a la comunidad.
Marichiweu marichiweu!!!!!
De la siguiente forma en dialogo con el “Regreso Informativo de la Tarde”, Orlando Carriqueo, werquen del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Rio Negro, ofreció detalles de los sucesos…
