Organizaciones sociales que desarrollan sus actividades con comunidades indígenas elevaron en los últimos días una nota a la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco solicitando la “urgente” aprobación de una ley para ampliar el ejido municipal de Miraflores, ubicada en la zona norte de la provincia del Chaco. El objetivo es encauzar un histórico litigio por territorios ancestrales del pueblo qom que desde el año 2014 cuenta con un fallo favorable del Superior Tribunal de Justicia del Chaco reconociendo la propiedad comunitaria indígena sobre esas tierras pero que hasta ahora no fue cumplimentado por el Poder Ejecutivo.
En diálogo con el programa Demasiada Tarde, de Radio Nacional Resistencia, uno de los referentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos del Chaco (APDH Chaco), Ignacio Rubiolo, explicó los alcances del planteo de las organizaciones sociales entre las que se encuentran la Junta Unida de Misiones, Incupo, Serpaj y Somos Monte Chaco, entre otras.
“Este es un reclamo que viene de hace aproximadamente ochenta años”, señaló Rubiolo. En ese contexto, consideró que “esto está enmarcado en este reclamo territorial histórico donde el Estado tiene una deuda de hace mucho tiempo que se está postergando y que violenta el derecho de acceso al territorio”.
El referente de la APDH Chaco precisó que “estamos hablando de un territorio de 10 mil hectáreas. En el año 1994 se crea el Municipio de Miraflores, de manera progresiva el Estado fue reconociendo los derechos indígenas y llegamos hasta la actualidad en que hay un nivel de conflictividad muy alta, hay un reclamo social muy grande de la comunidad indígena”, debido a que gran parte de esos territorios fueron ocupados por familias criollas.
“Hay lotes que han tenido resultado favorable en cuanto a demandas en el ámbito judicial que generaron un antecedente muy importante en la provincia”, subrayó.
En concreto, planteó que el pedido es “que se cumpla con el derecho ancestral de las comunidades de reconocer y garantizar el acceso a su territorio”.
Rubiolo citó un informe elaborado en el año 2012 por autoridades provinciales del Instituto de Colonización y del profesor Carlos Benedetto a través del cuál “se identificaron lotes para poder descomprimir el conflicto, lotes para poder ampliar el ejido municipal, para que tuvieran acceso a la vivienda las familias no indígenas y que eso tuviera una planificación a futuro, todo en el contexto de reconocer el derecho de las comunidades. Pero lamentablemente en eso nunca se avanzó. Hoy en día no hay una propuesta concreta que tenga en consideración un informe que era exhaustísimo, muy claro, donde mostraba cuál era el camino a seguir”.
