Juicio a Baltasar Garzón

El juez español afronta un nuevo proceso por abrir la primera investigación de los crímenes del franquismo.

Se trata del segundo juicio contra Garzón. Hace cinco días tuvo que defenderse de los poderosos empresarios implicados en la trama de corrupción y lavado de dinero “Gürtel”, ligada al gobernante y derechista Partido Popular (PP), y sus abogados, que lo acusan de autorizar escuchas telefónicas ilegales en prisión.

A las puertas del tribunal se concentraron unas doscientas personas con una gran pancarta con el lema “No hay justicia para estos crímenes”, en referencia a las ejecuciones del régimen franquista.

Garzón estuvo acompañado por varios jueces de la Audiencia y por organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas, que acuden como observadores al juicio y consideran inaceptable el procesamiento del magistrado.

El juez español, de 56 años, se enfrenta a la pena máxima de 20 años de inhabilitación prevista para el delito de prevaricato, es decir, dictar a sabiendas una resolución injusta, que solicita la organización ultraderechista Manos Limpias, autora de la querella en su contra.

A la demanda se sumaron luego otras dos organizaciones ultra derechistas, Libertad e Identidad y el partido Falange Española de las JONS, pero éste último finalmente fue expulsado del proceso, por defectos de forma de la acusación.

La sesión de hoy está dedicada a las cuestiones previas, que  podrían dar lugar a la suspensión del juicio, y en ese caso será el próximo 31 de enero cuando Garzón se siente en el banquillo de los acusados a declarar.

El abogado defensor, Gonzalo Martínez Fresneda, inició su intervención cuestionando la validez de las acusaciones de Manos Limpias y la organización Libertad e Identidad, que tenían una “alta carga ideológica” y que debieron ser “anuladas”, como pasó con Falange.

Las víctimas del franquismo afirman que detrás del procesamiento de Garzón hay una “intencionalidad política”, y es que ni él ni ningún otro juez investiguen los crímenes cometidos en España durante la Guerra Civil (1935-1939) y el franquismo (1939-1975).