La demanda fue presentada al IPV por parte de Andrés González como administrador del consorcio “Complejo habitacional 23H”, el cual reclama un oneroso pago de expensas no liquidadas.
Ante ello el IPV corrió traslado de la demanda a los vecinos adjudicatarios de las 107 unidades habitaciones, a fin de que respondan por esta demanda de expensas que pesan sobre sus viviendas.
El abogado Christian Rubio en representación de los demandados explicó que "ente esta demanda, los vecinos podrían realizar una denuncia penal por “estafa” contra este presunto administrado del consorcio al que muchos no conocen".
Rubio sostiene que "los vecinos coinciden que el consorcio nunca operó ni fue designado por los mismos vecinos", reconociendo que "algunos hace un tiempo pagaron esas “expensas” pero desistieron de seguir pagando al observar que no se hacía nada".