Así lo afirmó Marina Carabajal, subsecretaria de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia dependiente del ‎Ministerio del Interior, quien explicó los alcances de la norma sancionada el pasado miércoles en Diputados. Según dijo, la ley obliga a los poderes del Estado, y a quienes reciban aportes públicos, a responder pedidos de información de cualquier ciudadano, y explicó que las provincias podrán adherir a esta nueva herramienta. “Los servidores públicos tenemos que brindar explicaciones de lo que hacemos”, sostuvo la funcionaria al definir la iniciativa.

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