Ley Micaela Córdoba

La legislatura aprobó la capacitación obligatoria en género para clubes

Este miércoles la legislatura cordobesa aprobó por unanimidad la Ley 30.829, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres a la totalidad de las autoridades y del personal que se desempeñe en las entidades deportivas de la provincia de Córdoba.

La iniciativa extiende lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 27499 conocida como Ley Micaela a todas las "instituciones constituidas legalmente que tengan por objeto el desarrollo de actividades deportivas amateurs o profesionales, en todas sus disciplinas y modalidades".

"A raíz del planteo de muchas deportistas mujeres acerca de los desequilibrios e inequidades que viven en sus entidades generamos esta iniciativa como un primer paso de una paquete de medidas que empiecen a cambiar el paradigma en nuestro clubes y que se conviertan en aliados en las luchas contra las violencias y las discriminaciones", sostuvo la legisladora Nadia Fernández, impulsora del proyecto, en diálogo con Radio Nacional Córdoba.

La norma establece un plazo de 180 días para el inicio de las capacitaciones en la forma y contenidos en que disponga la autoridad de aplicación que será el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba.

"Muchos de los dirigentes dicen que los clubes son para las familias y en realidad son para los varones de las familias, no es para las mujeres de las familias que generalmente están pero están invisibilizadas. Este proyecto lo que busca es que nuestras hijas tengan los mismos derechos que nuestras hijas", afirmó.

 

La Ley Nacional 27.499 se conoce como Ley Micaela en conmemoración de Micaela García, la joven entrerriana de 21 años que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner en abril de 2017. Fue promulgada el 10 de enero de 2019 y en mayo del mismo año adhirió por ley la Provincia de Córdoba.  La norma establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.