Así se expresó el abogado Roque Rueda al hacer referencia al reclamo del Colegio de Abogados de Salta, que recusó a los jueces del máximo tribunal para evitar que sean ellos los que definan si la reglamentación de la "Acción Popular de Inconstitucionalidad", es o no constitucional.
La herramienta establece que “todo habitante puede interponer la acción popular directa para que se declare la inconstitucionalidad de una norma de alcance general contraria a la Constitución”. La reglamentación de esta norma fue elaborada por la Corte de Justicia de Salta y el problema surgió porque se incluyeron dos disposiciones que atentan contra la posibilidad de que los ciudadanos presenten acciones populares de inconstitucionalidad.
Así lo explica Rueda en diálogo con la Radio de Todos, quien también cuestionó que sean los mismos jueces que presentaron la cuestionada reglamentación, quienes se expresen ante el reclamo que realizaron los abogados a través del colegio profesional
