Luego de los allanamientos que se hicieron la semana pasada en cinco centros sanitarios privados que son prestadores del PAMI, la fiscalía federal Nº 1, a cargo de Ricardo Toranzos, realizará el análisis de la documentación secuestrada.
Estos pasos implicarán la designación de un perito para un análisis médico-económico, el pedido de informes a distintos organismos, indagatorias, y la participación de la UFI - PAMI.
La presunta defraudación por cerca de tres millones de pesos fue detectada por la Asociación de Bioquímicos de Salta, luego de realizar una auditoría que terminó por involucrar a las autoridades de la entidad en los hechos. Así lo explicó el actual titular del organismo, Ricardo Butazzoni:
