Así lo confirmó Saúl Castañeda, subsecretario de Gobierno de San Martín de los Andes en los micrófonos de Radio Nacional.
El funcionario afirmó que la municipalidad aportó el equipamiento para las primeras excavaciones de limpieza y ante la apertura del legajo judicial se presentará en la fiscalía de delitos ambientales para ser parte acusadora y colaborar en la investigación.
Castañeda aseguró que más allá de que está demostrado que ha sucedido un delito, ahora se debe investigar quien fue el autor del hecho.
En cuanto a la puesta en vigencia del decreto del Poder Ejecutivo Nacional que prohíbe las reuniones sociales en lugares cerrados reducidos por la pandemia de COVID19, Castañeda dijo que están analizando las particularidades de la norma y que se mantendrán en la línea de seguir los lineamientos que marque el gobierno provincial.