Sin que tuviera mayor impacto a nivel de las noticias locales, el gobierno de Argentina derogó, a fines de febrero, una norma establecida durante la gestión presidencial de Mauricio Macri que flexibilizaba y reducía los controles para la recepción de basura reciclada llegada del exterior. La entrada en vigor de esta norma levantó críticas desde numerosos sectores, que entre cosas señalaban que bajo esa ley el país se convertiría en una volcadero a cielo abierto.
El decreto lanzado por la administración anterior, en agosto del 2019, señalaba que se mantenía la prohibición para importar basura pero planteaba ambigüedades para facilitar el ingreso de “residuos recuperados”, es decir, “aquellos que pueden ser reutilizables con otros fines”. Con esta ambigüedad, dejó de ser un requisito que el país de origen demuestre, con certificados y documentos técnicos, que los residuos “no representan peligros para el medio ambiente y la salud” del país receptor, en este caso, Argentina.
En ese momento, el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, fue una de las voces más contundentes cuando señaló que con esa norma se convertía a la Argentina en “una suerte de basurero del mundo".
