La fiscalización del contrato entre el gobierno de Santa Fe y Arssa estaba a cargo del Tribunal de Cuentas provincial y un área especial creada dentro de la propia empresa.
Según el diputado provincial del Justicialismo, Héctor Caballero, el organismo de control oficial nunca respondió una serie de pedidos de informes elevados desde esa bancada para saber si existían o no incumplimientos por parte de la concesionaria.
Esta semana, el Poder Ejecutivo y la firma firmaron la extinción de la concesión que se vencía en cinco años, aunque Arssa continuará con el cobro del peaje por seis o 12 meses más.
Por Nacional, Héctor Caballero dijo que lo único concreto es que “la autopista está cada vez en peor estado”:
