El viernes la Fiscalía, los querellantes y los abogados defensores que intervendrán en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Luis durante la última dictadura cívico militar comenzarán a delinear las cuestiones previas al inicio del debate y la frecuencia de las audiencias, condicionadas a la presencia de los tres jueces que vendrán de otras provincias.

Ya que los magistrados que intervinieron en el segundo juicio por los delitos cometidos durante el proceso militar en la provincia se excusaron porque se tratan de hechos conexos, se dispuso la conformación de un nuevo tribunal. Estará conformado por los mendocinos María Paula Marisi y Alberto Carelli y el cordobés Julián Falcucci.

La acusación será sostenida por la fiscal Mónica Spagnulo y es probable que el fiscal de Instrucción Cristian Rachid sea designado para colaborar durante el proceso, que será extenso.

Rachid -quien elaboró el requerimiento de elevación a juicio contra los cuatro imputados, el ex juez federal Eduardo Allende, el ex fiscal del mismo fuero Hipólito Saá, el artista plástico y militar retirado Alberto Camps y el médico cirujano que revistó en la Policía puntana durante los años del terrorismo de Estado-, explicó que la Fiscalía pidió la declaración de diez testigos, ya que los demás ya tienen declaraciones en los juicios anteriores.

Es que en este tercer proceso oral contra los genocidas se juzgarán hechos nuevos de privaciones ilegítimas de la libertad y aplicación de tormentos, explicó Rachid.

En cuanto a la intervención de Allende y Saá, el juicio que se realizará en la provincia guarda una estrecha vinculación con la megacausa mendocina en la que fueron condenados a prisión perpetua los ex magistrados Otilio Romano, Guillermo Petra Recabarren, Luis Francisco Miret y Evaristo Carrizo.

“La imputación (contra Allende y Saá) es la misma. Se los acusa por no haber cumplido con los deberes de investigar las denuncias de las víctimas, de terceros o por expedientes y la particularidad es que no se los imputa únicamente por delitos contra la  administración pública sino por su participación en los homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad y torturas porque la sistematicidad y cantidad de hechos en los que no hicieron nada muestra un compromiso tácito de brindar cobertura y no investigar los hechos cometidos por la dictadura”, resumió Rachid.

Los cuatro imputados llegarán al debate oral en libertad porque se vencieron los plazos de la prisión preventiva por las demoras en la conformación del tribunal de juicio.

Una vez que las partes se pongan de acuerdo en cuanto a la prueba y la frecuencia de las audiencias se fijará la fecha del comienzo del debate.