Radio Nacional

Alfredo De Ángeli tuvo un ancestro no muy lejano que bajó del barco, lo mandaron al hotel de Inmigrantes y sin piedad le robaron una ese al inscribir su apellido en la Aduana.  Eduardo Buzzi pudo tener un abuelo o bisabuelo que tuviera dos eses en vez de dos zetas, por qué no. Lo cierto es que declaman con tanta italianidad que parecen personajes pusilánimes o simpáticos de una película de Roberto Rossellini o de Vittorio De Sica. De Ángeli le indica a Cristina Fernández que no es tarea de ella inaugurar escuelas en Jujuy porque eso debería quedar para el intendente local. Buzzi le dice a Néstor Kirchner que se dedique al PJ y a su esposa que estudie atentamente el modelo de Evo Morales. Además, llama a cacerolazos de teflón para no perder el feelling con Hugo Biolcatti, quien supo precisar que no es lo mismo un piquete negro que un piquete blanco. Biolcatti, de expansiva vena italiana al declamar y asentado como una gran fortuna nacional, tiene garantizada la presidencia de la Sociedad Rural. Biolcatti, al igual que el actual titular de la Rural Luciano Miguens, habita un barrio elegante de Buenos Aires, lejos de la siembra y de las vacas.

Hay quienes se indignan ante tanta desmesura en las declaraciones de estos empresarios que encabezan la ira contra el gobierno: consideran que es rencor, sentimiento gorila o calentura del momento. Nada de eso, De Ángeli es directo: ¿qué más quiere la Presidenta, cuando deje el gobierno en 2011, que un país con 190 millones de toneladas de cosecha? De Ángeli proyecta sus intereses y cree que la Patria sojera es la patria de los presidentes. El vicepresidente de la Federación Agraria, Ulises Forte lo dijo en compañía del vicepresidente tercero de CARBAP, Luis Eizaguirre: “defendemos los mismos intereses, estamos de la misma vereda”. CARBAP representa a los dueños, arrendatarios y pooles de siembra de grandes campos en la Pampa Húmeda, históricamente diferenciados y enfrentados a la Federación Agraria. Hay que mirar con cierto realismo: hoy, Federación Agraria no se conforma con los sistemas de reintegros anunciados por el Gobierno. Eso es engorroso, dicen. La realidad es que implica blanquear el sistema. Y lo viven como un sometimiento. En las provincias, la recaudación tributaria por impuesto inmobiliario rural es bajísima. Un estudio del economista Horacio Rovelli consigna que en la provincia de Buenos Aires -la más rica del país, donde están las mejores tierras- la recaudación del impuesto inmobiliario rural durante 2007 sumó de 500 millones de pesos, mientras que el impuesto inmobiliario urbano fue superior: 850 millones.  Es inadmisible que Buenos Aires recaude menos de  160 millones de dólares por impuesto inmobiliario  rural cuando exporta productos primarios por 22.000 millones de dólares. Está claro que tanto la valuación fiscal bajísima como la economía en negro ponen a muchos de los productores en situación de cuasi desconocimiento de lo que es un sistema democrático en el cual los impuestos son una obligación para todos, incluidos ellos.

A estos representantes de los intereses empresarios rurales tampoco les interesa discutir políticas diferenciales en trigo, carnes o leche como ítems separados: porque van por todo, van por la imposición de un modelo de acumulación. Y hay que ser hiperrealistas: en el capitalismo, un modelo de acumulación privado suele generar contagios y encadenar aliados más allá de los votos, de las instituciones y los derechos. Porque generan negocios: hilvanan ganancias. El campo, tal como lo entienden estos dirigentes empresarios ruralistas, es además las finanzas, el comercio internacional, inversiones en la construcción y en otros rubros donde esta burguesía enriquecida puede contagiar y derramar ganancias. El problema grave es que el país cambió: ya no hay un Estado débil que se rinde a un grupo de intereses por temor. No hay que ser ingenuos: otros sectores de la economía están tan concentrados y tienen empresarios enriquecidos pero la gran diferencia es que no quieren imponer el rumbo sino negociar sus porciones de poder. Muchas veces a costa de la redistribución de ingresos, dejando latentes tensiones sociales y políticas que posiblemente tengan que dirimirse en algún momento. Por caso, Techint en Venezuela sabía con quién negociaba: Paolo Rocca sabía perfectamente que Hugo Chávez podía ir por la nacionalización de Sidor en algún momento, como Repsol lo sabía con Evo Morales. Se trata de empresas que actualizan sus políticas, sus formas de hacer lobby y de prever sus ganancias. Saben que ningún gobierno popular o progresista de Latinoamérica puede avanzar sobre ellos sin fuerzas y que, entonces, prefieren muchas veces avanzar con ellos. Lo pragmático del modelo populista (tal como lo entiende el pensador Ernesto Laclau y no como un término peyorativo) de los gobiernos latinoamericanos hace que las alianzas entre sindicatos, políticos y empresarios puede, en algunos momentos, avanzar a favor de la redistribución de la riqueza y otros sólo en avances contables del crecimiento económico sin mejoras sociales. Pero, a no engañarse, si esas grandes corporaciones no eslabonan la atracción de ciertos bancos e inversores internacionales, el capitalismo nacional se queda sin oxígeno.

El frente interno y los precios

Hay que convenir que la política no sólo es la defensa de los intereses propios o la representación de sectores sociales. Es, además, un arte, que entre otras cosas obliga a interpretar las relaciones de fuerzas, el humor social, la capacidad de instalar líderes, iniciativas y, también, de generar rebeliones. Esto más allá de las ideologías o las valoraciones morales. Es más, casi siempre logran consensos sociales, mediáticos y políticos causas que a la luz de la historia resultan retrógradas. El gobierno nacional atraviesa un momento de tensión y más allá de los argumentos que lo asistan, atraviesa un cambio en el escenario: hace poco, no más de dos meses, sumaba aliados políticos y mantenía un frente de alianzas variado, plural. En estos días, por oportunismo o por comulgar con los intereses de los empresarios ruralistas, un grupo nutrido de dirigentes justicialistas –desde Juan Schiaretti hasta Carlos Reutemman pasando por Jorge Busti- mostraron algún grado de distancia del gobierno nacional. Es cierto que los medios de comunicación que fogonean la protesta tratan de mostrar el panorama político como el juego de la batalla naval, pero más allá de ello, el disgusto y la confusión social son funcionales a los intereses de quienes se cuelgan de la protesta empresaria del campo para relativizar o desgastar el valor de las instituciones. Hay que decirlo con todas las letras: no sólo es conservadora la protesta, también tiene componentes fascistas, en el sentido de que los líderes del conflicto han instalado que van por todo, que no les importa el límite de la democracia.

El gobierno tiene una oportunidad y una deuda que resultan complejas de diferenciar. La oportunidad es la de negociar una salida al conflicto y luego avanzar en lo que pecó por años: una política agropecuaria que continúe en la línea que, tarde, empezó con los reintegros a pequeños y medianos productores y que llegue hasta la comercialización externa, esto incluye el blanqueo de la actividad por la elevada evasión existente hasta la formulación –actualizada- de entes nacionales que aprovechen la experiencia de las juntas nacionales de carnes y granos así como del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. La deuda tiene que ver con la inflación: el anuncio del índice que medirá los precios de mayo fue hecho por el jefe de Gabinete Alberto Fernández y no contó con el aval de los responsables del área y las explicaciones técnicas que permitan a la sociedad conocer realmente de qué se trata. La inflación genera temores y hace varios meses que la sensación social respecto del alta de los precios es que el INDEC no da confianza. Si es cierto que los precios no suben más de lo que dice el organismo oficial algo está mal en la sensación social y en la comunicación oficial. Por el contrario si, como supone la mayoría de la sociedad, los precios crecen más que el índice, llegó la hora de sincerar –blanquear también, así como en la actividad agropecuaria- cuánto quedan retrasados los salarios, las pensiones, las jubilaciones y los subsidios a los excluidos.