Radio Nacional

"Llegamos al 7 de mayo fortalecidos, luego de haber transitado tiempos difíciles, con un contundente paro de 21 días, y un mes de intensas negociaciones con el Gobierno que nos permitieron lograr algunos avances, pero que aún no alcanzan para destrabar todos los temas sobre los que estuvimos discutiendo con las autoridades” sostiene la carta que ayer por la tarde dieron a conocer los cuatro jinetes del Apocalipsis   ¿Alguien puede explicar por qué si lograron ciertos avances vuelven a poner el país en vilo? A ver, en primer lugar el Gobierno rectificó las retenciones móviles de aplicación universal con una ecuación diferencial que permite compensaciones al 80% de los productores de soja.  Luego hubo un acuerdo para ampliar las exportaciones de carne a cambio de abastecer la cadena de comercialización para que los cortes populares lleguen a los consumidores.

Por otra parte, el precio de la leche en tambo ya no será de 75 centavos sino que, antes de sellar un acuerdo, ya tenía un piso de 1$ y, probablemente, resulte un poco más, acercándose al reclamo de 1,25$ de los productores. Sobre el trigo están abiertas las negociaciones.   Los empresarios rurales cortaron rutas y desabastecieron las ciudades por tres semanas sin que jamás sufrieran desalojo por parte de fuerzas de seguridad. El único argumento que el miércoles a la noche indicaba la espiral de confrontación fue que los ruralistas mantuvieron a capa y espada su intransigencia contra las retenciones móviles.  

El sojero Alfredo de Ángeli, convertido en punta de lanza de las medidas de choque, planteó su maximalismo blanco horas antes de conocerse la ruptura: Si a la presidenta (Cristina Fernández) no le importa exportar ni importar, en una de esas le paramos el transporte internacional. Estaba acodado en la ruta 14, a la altura de su pueblo, junto a otros patrones o arrendatarios sojeros, velando las camionetas mientras su jefe, Eduardo Buzzi, consolidaba su alianza con los grandes terratenientes de Confederaciones Rurales y la Sociedad Rural.  

El 11 de marzo, cuando se anunciaron las retenciones móviles, hubo un error porque el gobierno desestimó articular el método compensatorio de los reintegros a los pequeños y medianos cuya rentabilidad es mucho menor que la de los grandes pooles de siembra. Pero, este 7 de mayo las cosas fueron distintas: la movilización patronal hasta el 15 de mayo es la defensa pura y dura de la rentabilidad –creciente- del puñado de sojeros (sociedades anónimas argentinas o extranjeras, pooles de siembra, fondos de inversión o viejos terratenientes) unidos a un grupo selecto de grandes exportadores (la mayoría extranjeros) y de las pocas compañías agroquímicas que tienen la comercialización de los herbicidas y semillas transgénicas.  

Ya no se trata de la bronca social que pudieron cosechar las entidades rurales hace dos meses sino que es un problema más complejo: una alianza de intereses liderada por grupos económicos que consideran legítimo forzar un cambio institucional para consolidar su poder político y de representación mediática de sus intereses. Esta vez es un golpe de mercado, con la diferencia de que no se trata de un grupo de banqueros, financistas y formadores de precios con llegada al Banco Central y contactos con la banca privada internacional. Esta vez son un grupo social compacto, que en las dos últimos años se dieron cuenta que la Expoagro funciona como un gran acto religioso o político donde los negocios del agro se cruzan con los programas de radio y televisión, con los suplementos rurales de los dos diarios –La Nación y Clarín- devenidos en organizadores directos de esas ruedas de negocios del campo. Esta vez no van a encontrar adhesión en las ciudades entre consumidores que sólo se indignarán ante la especulación que puede abrirse en estos días por parte de comerciantes avivados.  

El único punto débil es que la inflación se siente, se palpa en el bolsillo de las clases populares. Hubo, esta vez, una reacción inmediata por parte del negociador del Gobierno, el jefe de Gabinete Alberto Fernández: en la Jornada Internacional de Índices de Precios al Consumidor, que el INDEC había organizado –no casualmente- ayer, Fernández dijo que ya hay un nuevo índice de precios. Se están volviendo a poner las cosas en orden fueron las palabras del jefe de Gabinete. En el nuevo Índice de Precios al Consumidor se tomará la canasta de los que productos y los servicios consumidos por dos tercios de la población. Fernández habló de poner en negro sobre blanco el tema precios. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. El gobierno sostiene, con razón, que la Argentina vive una puja distributiva. Los consumidores, asalariados en negro, registrados, cuentapropistas, jubilados, profesionales, empresarios del campo o la ciudad, constituyen no sólo la base social de un gobierno que quiere ser popular. Esos grupos sociales son, por sobre todas las cosas, el sujeto, el protagonista colectivo de los derechos protegidos por la Constitución.

Las autoridades legítimamente constituidas se deben a ese sujeto, le deben la información precisa de cuál es la renta y cuál es el ingreso de cada sector social.  Este anuncio puede convertirse en la mejor noticia si se concreta y el nuevo índice tiene sustento técnico y apunta a políticas de defensa de los ciudadanos y consumidores de ingresos medios y bajos.