El juez decidió no hacer lugar a las oposiciones formuladas por las defensas de los acusados contra el requerimiento de remisión de la causa a juicio formulado por el fiscal penal actuante argumentando que se cumplieron con los requisitos exigidos por el Código Procesal Penal.
Por tal motivo los choferes detenidos por la toma de la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) serán juzgados bajo cargos que prevén penas de entre 10 y 20 años de prisión.
En tanto, el abogado defensor de los choferes, Santiago Pedroza, dijo que se trata de una persecución política:
